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Inversión récord, salarios en disputa y una batalla que, tal vez, se defina en marzo.
Una pregunta que por sí sola resume el clima político y sindical de Neuquén: ¿por qué ATE sí y ATEN no? En el cierre de un año atravesado por una disminuida, pero resistente inflación, los cambios permanentes de reglas económicas nacionales y un costo de vida, que en la provincia supera largamente la media nacional, el Gobierno logró cerrar acuerdos con la mayoría de los gremios estatales. Pero el sindicato docente decidió pararse en la vereda opuesta.
Dos datos fundamentales que atraviesan la discusión: el primero es que el Gobernador Rolando Figueroa, al contrario de lo que espera la incansable motosierra de Javier Milei, ofrece actualización automática por Índice de Precios al Consumidor (IPC), y es la única en todo el país en hacerlo. Un poco por rebeldía frente a las órdenes del centralismo nacional y otro poco porque las regalías de Vaca Muerta así lo permiten.
El otro dato es que la provincia anunció la mayor inversión en infraestructura educativa de las últimas dos décadas. Nuevas escuelas, ampliaciones, reparaciones históricamente postergadas y compras de equipamiento forman parte de una política que, aunque real y cuantificable, no resuelve por sí sola la discusión de fondo: cuánto vale hoy el trabajo docente en una de las provincias más caras del país.
ATE, el gremio estatal de mayor volumen con sus 32.000 afiliados y conducido por Carlos Quintriqueo, aceptó la propuesta. Así también lo hizo UPCN con sus 8.000 afiliados. No fueron actos de entusiasmo, sino de pragmatismo. En un contexto de alta incertidumbre económica, Quintriqueo entendió que el Gobierno neuquino es el único en todo el país, que aún actualiza los salarios de acuerdo al IPC lo que ofrece previsibilidad y aseguramiento del poder adquisitivo de sus trabajadores. El acuerdo puede ser leído por algunos como una señal de respaldo político, por otros, más bien, como un acto de responsabilidad social y colectiva y una forma de evitar una pulseada que podía terminar peor.
En cambio, ATEN con un volumen de 19.000 afiliados, rechazó la oferta salarial. El líder del gremio, Marcelo Guagliardo argumentó que los bonos no remunerativos no recomponen el salario real, que el esquema propuesto no protege a los docentes frente a la inflación real que se vive en Neuquén y que sólo un semestre de acuerdo no asegura el año completo.
Pero también hay una lectura política que no debemos desconocer. Dentro de ATEN conviven tradiciones de lucha que históricamente se expresan en conflicto abierto. La presión del sector más duro del gremio, la multicolor de Angélica Lagunas —con una lógica de acumulación política a través de la protesta— empuja a que la negociación no se cierre sin una demostración de fuerza.
Eso no convierte al reclamo en ilegítimo. Pero sí explica por qué, a diferencia de otros gremios, la negociación docente rara vez se agota en la mesa paritaria. La inversión que ordena el discurso (pero no resuelve todo).
El Gobierno ya empezó a jugar su carta más fuerte: la inversión en educación. Mostrar escuelas nuevas, licitaciones, ampliaciones, obras que durante años fueron promesas y hoy empiezan a materializarse. Esa narrativa no es menor, y tiene un efecto real en la opinión pública, que es la que a la larga termina de inclinar la balanza a favor o en contra del gremio o del gobierno cuando el clima social se pone pesado.
Sin embargo, la inversión en infraestructura no cancela la discusión salarial. No alcanza con paredes nuevas si quienes están adentro sienten que su ingreso no acompaña el costo de vida y como repetía el General Juan Domingo Perón, al final “la única verdad es la realidad”.
Ese es el núcleo de la tensión que se viene: ¿puede el Gobierno apoyarse en la obra pública para limitar el margen de la negociación salarial? Todo indica que el conflicto no se define en diciembre. Se define en marzo. Cuando las aulas deberían abrirse, cuando las familias necesitan certezas y cuando el margen de tolerancia social se achica.
El Gobierno llegará a ese mes con un argumento fuerte: “estamos invirtiendo como nunca en educación y estamos actualizando por IPC cuando nadie más lo hace”. ATEN llegará con el suyo: “sin salarios acordes al costo de vida, no hay calidad educativa posible”.
En el medio quedará la sociedad neuquina, otra vez rehén de una discusión que siempre parece llegar a la misma pregunta. ¿Quién paga el costo del equilibrio: el gobierno, los docentes, o las infancias?