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El dirigente del MPN y presidente de la Obra Social de Petroleros Privados, Guillermo Pereyra, vio con buenos ojos que se investigue a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por defraudación al Estado, tras el pedido del fiscal federal Diego Luciani de condenarla a 12 años de prisión y a la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos.
Pereyra sostuvo que “la estafa existió, esto nadie lo puede negar. Vimos al ex secretario (José) López con los bolsos entrando al convento. Hemos visto, asombrados por lo que ocurrió con la obra pública, con Lázaro Báez en cientos de obras que no se hicieron o no se terminaron y fueron cobradas totalmente”.
El ex secretario general del Sindicato petrolero, se preguntó por el crecimiento patrimonial de Lázaro Báez. “¿Esto no existió? Entonces, hay que dejar actuar a la justicia y no teñirla de política porque seguramente esto es para sacar alguna ventaja o salvarse de lo que está pasando”, señaló en declaraciones a LU5.
Luego del pedido del fiscal Luciani, se acercaron manifestantes a favor y en contra del devenir judicial de la vicepresidenta, a su domicilio de Recoleta. “Veía con mucha pena a los sectores que salían a la calle a defender a Cristina. Que la defiendan de otra manera, no cuando está trabajando la justicia. Bien o mal, no soy abogado, que hay que investigar y hacer responsables a los que cometieron estos tremendos delitos, que no pueden quedar impunes”, enfatizó.
A la vicepresidenta Cristina Fernández se la acusó ayer de ser jefa de una asociación ilícita y de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, en el marco de la investigación de la causa por las obras públicas viales.
"¿Cuánto tiempo se lleva en la investigación? ahora que actúa con mucha rapidez la Justicia, los fiscales, y pasa al tribunal, creo que hay que dejarla actuar y el responsable tendrá que pagar con lo que tenga que pagar”, agregó Pereyra, quien se mostró a favor de que haya una restitución al Estado. “Principalmente, lo que pide el fiscal Luciani es que se devuelvan los casi mil millones de dólares al Estado. Hay que incautar estos bienes que provienen de la obra pública, de la estafa”, asintió el dirigente.