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Integrantes del Comité Provincial para la Prevención de la Tortura expresaron su preocupación por la demora en la puesta en funcionamiento del organismo, creado por la Ley Provincial 3212 en diciembre de 2021. Los integrantes que conforman este organismo que tendrá, entre otros objetivos, inspeccionar los lugares de detención sin requerir aviso previo y con acceso irrestricto, fueron designados por unanimidad en la sesión legislativa del 9 de marzo pasado y hasta el momento no se han efectivizados sus nombramientos a través de la correspondiente resolución administrativa.
El comité está conformado por ocho miembros, cinco de ellos propuesto por los organismos de derechos humanos de la provincia, que fueron elegidos por la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura, y los otros tres representantes legislativos (dos del MPN y el otro del Frente de Todos). “Fuimos entrevistados por la comisión de Derechos Humanos de la Legislatura, luego nos seleccionaron, nos designaron por unanimidad y nunca salió la resolución administrativa que nos nombran por lo tanto quedamos en un limbo administrativo”, señaló a LMNeuquén uno de los integrantes del comité.
Entre los objetivos del comité se encuentran el de diseñar y proponer campañas públicas de concientización sobre la problemática de las personas en situación de encierro, la organización de talleres, encuentros o seminarios de capacitación dirigidos a agentes policiales, penitenciarios y judiciales, y a personal relacionado con la temática de las personas privadas de libertad, elevar un informe público anual a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial sobre las tareas y actividades realizadas durante el año, las condiciones de detención de las personas privadas de libertad y la evolución de la realidad carcelaria.
Precisamente el reclamo en la puesta en marcha de este organismo se da en un contexto de crisis carcelaria que atraviesa actualmente la provincia, con cárceles cerradas debido a las condiciones de hacinamiento y, en algunos casos falta de elementos de calefacción y contra incendios, por lo tanto ninguna recibe nuevos detenidos a menos que haya egresos. En el caso de las unidades de Zapala y Cutral Co, no aceptan personas de otras ciudades. Además faltan garantías en el acceso a la educación de los internos alojados en las unidades de detención de Neuquén capital.
“Si el comité estuviera en funcionamiento, deberíamos estar monitoreando el estado de las unidades de detención y el estado de las personas que están detenidas en las comisarias, porque hay un montón de personas en esa condición y sobre todo ver la situación de los derechos de las personas detenidas, ya que después de la pandemia se han perdido espacios educativos y de esta manera hacer un diagnóstico de la situación carcelaria”, explicó uno de los integrantes del comité.
Entre los integrantes del comité se encuentran Silvia Couyopetrou, docente en contexto de privación de la libertad e integrante de la Dirección de Penas Alternativas; Roberto Samar, director general de Coordinación de la Subsecretaría de las Mujeres de la provincia; Néstor Giménez, representante de la Cooperativa de Trabajo "La Libertad"; Estefania Buamscha, directora general del Registro Provincial de Violencia Familiar y de Género; Pablo Scattiza, historiador e integrante de Zainuco y Pablo Meuli
Los comisionados designados para integrar el comité expondrán este miércoles a las 9.30 en el ingreso de la Legislatura la situación y adelantaron que pedirán explicaciones al vicegobernador Marcos Koopmann sobre los motivos de la demora en la puesta en funcionamiento del organismo.
Cabe señalar que la Ley 3213 considera tortura a "todo acto por el cual se infligen intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves físicos o mentales para obtener de ella o de un tercero información o una confesión, para castigarla por un acto que cometió o que se sospecha que ha cometido, para intimidarla o coaccionarla a ella o a otras por cualquier razón basada en cualquier tipo de discrminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público o por otra persona en ejercicio de funciones públicas, a instigación suya o con su consentimiento".