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El Fiscal de Instrucción de Huinca Renancó, Luis Saragusti, interpuso un Recurso de Apelación contra la resolución del Juzgado de Control que ordenó la falta de mérito para la elevación a juicio de la causa Solange Musse, la joven neuquina que falleció en la provincia de Córdoba y a la que su familia no pudo despedir por las restricciones COVID. De manera que, en una nueva instancia, el expediente pasará a otro tribunal que definirá si habrá o no juicio.
Desde el Ministerio Público Fiscal consideraron que la resolución de Control es un daño irreparable y aseguraron que: “El órgano jurisdiccional omite valorar prueba y efectúa un análisis parcial e incompleto del material probatorio, sin tener en cuenta el contexto de las restricciones en virtud de la pandemia COVID-19, efectuando además recomendaciones sobre cómo debiera este Ministerio valorar el probatorio”.
Argumentaron que la resolución del juzgado de Control implica retrotraer el proceso y paralizar la causa, lo que causaría una serie de perjuicios como la posibilidad de que los delitos prescriban. "Esto implicaría una prolongación en la situación de los imputados sin juicio y la situación de las víctimas", sostuvieron.
Ante estas circunstancias, recalcaron la importancia de avanzar hacia el juicio para poder brindar una respuesta por parte de la Justicia “en relación a una situación que involucra a funcionarios del Estado en un contexto en que restringieron y vulneraron derechos constitucionales”.
Ante este argumento, la Fiscalía resolvió presentar en tiempo y forma la apelación y solicitó que “se conceda el mismo ante la Cámara en lo Criminal y de Acusación de la Ciudad de Río Cuarto que por turno corresponda, a sus efectos, donde se deberán remitir los presentes autos, que sustentan la pretensión esgrimida por este Ministerio”.
Por su parte, la familia de Solange Musse había exigido "que se caigan desde el gobernador de Córdoba hasta abajo todos los funcionarios que dieron la orden". Pablo, el padre de la joven fallecida aseguró que siempre creyó que la Justicia era el camino y que "seguro que estas cuatro personas imputadas serán juzgadas", pero "deberían caer todos".
La causa fue elevada a juicio el 10 de agosto con la imputación a los médicos Sergio Alí y Eduardo Javier Andrada junto con la trabajadora social Analía Morales, integrantes del ex-Centro de Operaciones de Emergencia (COE), y el agente de la policía caminera Darío Mansilla.
La joven no había podido despedirse de su padre, a quien se le impidió el acceso a la provincia por las restricciones vigentes. Los cuatro imputados ahora están procesados por presunta violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad.
Solange había pedido ver a su padre cuando transitaba el tramo final de su enfermedad, pero al hombre le negaron el acceso a la provincia de Córdoba por un test sospechoso de COVID-19.