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Este año se sentarán en el banquillo de los acusados los 15 imputados de haber defraudado a la administración pública a través del manejo de planes sociales.
La mega causa por la que se investiga la defraudación a la administración pública a través del manejo discrecional de planes sociales de parte de 15 ex funcionarios y empleados del ministerio de Desarrollo Social finalmente tiene fecha de juicio.
La jueza de Garantías Carina Álvarez dio a conocer su resolución luego de las nueve jornadas de control de la acusación. Allí definió la lista de los 211 testigos y peritos que presentarán las pruebas tanto de la acusación como de las defensas de los 15 imputados que serán juzgados en la causa en la que se investiga la estafa con planes sociales.
La fecha de inicio de juicio donde se llevarán adelante los testimonios de los testigos de esta presunta estafa será el próximo 21 de julio. Fecha que se determinó luego de que la directora de asistencia a impugnación y coordinación de juicios, Gabriela Villalobos junto a la Fiscalía, la Fiscalía de Estado y defensores de imputados en la causa, llevaron adelante la primera audiencia ordenatoria para el proceso.
En esta audiencia se dio a conocer además que los jueces que integrarán el tribunal de juicio serán Luciano Hermosilla, Juan Manuel Kees y Juan Guaita y se definió que las audiencias de juicio comenzarán el 21 de julio y se estimó que finalicen el 5 de septiembre.
Se estableció una nueva fecha de audiencia ordenatoria para el 13 de mayo y las partes se comprometieron a acordar convenciones probatorias, y a aportar una grilla tentativa de testigos por día teniendo en cuenta el tiempo estimado de sus declaraciones.
Según la investigación, el esquema funcionaba con cinco niveles de responsabilidad, con un núcleo de poder que orquestaba la maniobra desde dentro del ministerio. En la cúpula de la asociación ilícita figuran Ricardo Soiza, Néstor Sanz, Marcos Osuna, Abel Di Luca y Tomás Siengentharler, quienes ocupaban cargos clave en la administración de los planes sociales.
Debajo de ellos, la pirámide se completaba con colaboradores, recaudadores, reclutadores y beneficiarios que habrían participado en la ejecución del fraude, el cual involucra 9.303 estafas con fondos públicos.
La fiscalía adelantó que pedirá penas superiores a los tres años de prisión efectiva para los principales acusados. Además, en la próxima audiencia –programada para el 19 de marzo– las partes discutirán la producción de pruebas y los testigos que serán citados al juicio.
Dado el volumen de la causa y la cantidad de imputados, se espera un debate extenso, que podría prolongarse por más de dos meses. Mientras tanto, el escándalo de los planes sociales sigue generando repercusiones en la provincia, dejando en evidencia las fallas del sistema de control sobre los fondos públicos.
Uno de los niveles investigados es el de los colaboradores. Irán a juicio Luis María Gallo, quien hasta enero de 2022 fue el director de Finanzas del Ministerio de Desarrollo Social, y Laura Carolina Reznick, que fue la sucesora en el cargo y continuadora de la maniobra. También surge la figura de Julieta Oviedo, directora de Tesorería del Ministerio, que tenía un rol crucial en la operativa. Era responsable de ejecutar las acreditaciones bancarias y librar los cheques de manera irregular.
En tanto, Julio Norberto Arteaga, auditor de la Contaduría General, facilitaba que el esquema continuara mes a mes al omitir observar las irregularidades en los expedientes y emitir informes de control que daban apariencia de legalidad a las operaciones.
Isabel Natalia Montoya, está sindicada por cumplir este rol, gestionaba los datos de los supuestos beneficiarios y entregaba las tarjetas de débito y las claves PIN a los responsables de la extracción del dinero.
Aaron Escobar y Valeria Noemí Honorio son algunos de los principales implicados en esta parte de la maniobra, cobrando cheques que no les correspondían y retirando dinero con tarjetas de débito de beneficiarios ficticios. Escobar cobró un total de 61 cheques que sumaban 2.375.600 pesos, mientras que Honorio gestionó 43 cheques por 2.043.900 pesos.
También figura en este nivel Ariel Oscar Krom, quien cobraba cheques fraudulentos. Montos implicados: cobró 20 cheques que ascendían a 968.000 pesos. En tanto, Omar Ulises Rodríguez Quezada cobrador de cheques fraudulentos y extractor de dinero con tarjetas de débito ajenas. Montos implicados: participaba en la extracción de fondos con tarjetas de débito. Por último, está Emmanuel Rodolfo Victoria Contreras como cobrador de cheques y dinero de tarjetas de débito sin autorización. Montos implicados: participaba en las extracciones de dinero fraudulentas.
Para la fiscalía, hay dos beneficiados por la maniobra que irán a juicio. Alfredo Andrés Cury, aceptó fondos del subsidio a pesar de no cumplir con los requisitos. Montos implicados: recibió parte de los fondos desviados. En segundo lugar, Fernando Cardozo Regidor, se benefició de los subsidios sin cumplir con los requisitos establecidos. Montos implicados: recibió fondos desviados.