Núñez sigue internado sin sucesor formal. Su reemplazo, la vice González, está por ser acusada de un hecho junto a otra concejal. ¿Qué pasa en esa ciudad?
San Patricio del Chañar está en una situación compleja desde lo institucional, con dos frentes abiertos que terminan por cruzarse en una misma persona. Por un lado, la salud del intendente Gonzalo Núñez, internado desde el sábado tras sufrir una descompensación y sin que el municipio haya definido aún quién queda a cargo del Ejecutivo. Para la comuna, el mismo seguirá a cargo y "en contacto permanente con el Gabinete" desde una clínica, pese a un estado de salud que al menos sugiere cierto reposo.
Por el otro, hay una causa penal que pesa sobre la viceintendenta Verónica González, con audiencia de formulación de cargos fijada para el próximo jueves 3 de septiembre, después de tres postergaciones de la Oficina Judicial Penal. Es un tema relacionado con la venta de lotes sociales. La viceintendenta es la persona que puede estar a cargo de Núñez en caso de licencia. En este caso, por temas médicos.
Desde el Despacho de Intendencia confirmaron que Núñez fue trasladado primero al Hospital Alicia Cruz de San Patricio del Chañar y luego derivado a la Clínica Leben Salud, donde continúa bajo seguimiento médico.
El comunicado oficial pidió expresamente "evitar la circulación de información que no haya sido confirmada" y puso énfasis en que cualquier novedad se difundirá solo por canales oficiales; un pedido que en sí mismo deja ver la sensibilidad del momento puertas adentro del municipio.
La Carta Orgánica local establece que, ante una ausencia del intendente, la responsabilidad recaería en la viceintendenta. Esa funcionaria es la misma Verónica González, que además preside el Concejo Deliberante desde 2023. Sin embargo, el municipio no formalizó ningún mecanismo de reemplazo.
González enfrenta, junto a la concejal Mónica Barrera, una imputación por negociaciones incompatibles con la función pública, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Algo que no llegó a la formulación de cargos, por audiencias suspendidas.
Según confirmó LM Neuquén, la fiscalía de Delitos Económicos, a cargo de Juan Narváez, investiga la aprobación de una ordenanza que habría regularizado de manera irregular un terreno de origen municipal en favor de Barrera, sin seguir el procedimiento habitual, según la denuncia presentada por un grupo de concejales opositores a la gestión de Núñez.
Ambas mantienen su presunción de inocencia mientras el proceso está en curso. Una de las defensas atribuyó la causa a "motivaciones políticas".
La audiencia, prevista originalmente para el 19 de agosto, tiene ya tres suspensiones, la última fijada para el 28 de agosto, que también fue suspendida para el 3 de septiembre.
Según pudo saber LM Neuquén, la última postergación se dio en un contexto llamativo. González habría convocado una sesión del propio Concejo Deliberante coincidente con la fecha de la audiencia, al tiempo que Barrera —que ya había solicitado un cambio de fecha en una oportunidad anterior— volvió a ausentarse. Se trata de una versión que hasta el momento no fue confirmada de manera oficial por el MPF ni por las defensas.
El resultado es un cuadro complejo, con una mezcla de vacancia en la conducción municipal, con la causa penal más sensible que atraviesa la gestión de Núñez, y que coloca a la misma funcionaria en el centro de ambos procesos. Como otro concejal en la línea sucesoria, en caso de que se complique el tema penal para González, es Santiago Salamanca.
Hay un tema, que de fondo tiene que ver con la política. Nuñez asumió en 2023 por Fuerza Patria, como la antesala de la campaña que después fue la de Sergio Massa presidente. Pero el peronismo perdió con Javier Milei y esa fuerza en la provincia quedó huérfana. Los intendentes (Nuñez y el otro peronista José Asaad de Vista Alegre) fueron absorbidos por La Neuquinidad.
González y Barrera están imputadas por negociaciones incompatibles con la función pública, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Concretamente, lo que investiga la Fiscalía de Delitos Económicos es la aprobación de una ordenanza que regularizó a favor de Barrera un terreno que originalmente era de propiedad municipal.
Según la denuncia presentada por un grupo de concejales opositores a la gestión de Núñez, esa "cesión" le permitió a Barrera hacerse de un inmueble público sin pasar por el procedimiento habitual —licitación o al menos algún mecanismo de comparación de ofertas—, pese a que ella misma integraba el cuerpo que debía controlar ese tipo de operaciones.
La ordenanza fue aprobada por el Concejo Deliberante que preside González, quien es señalada por permitir el trámite pese a esa incompatibilidad de intereses de una de sus propias concejalas.
El defensor de una de las imputadas, Mariano Mansilla, relativizó el caso al señalar que la ordenanza cuestionada todavía no fue promulgada, por lo que su efecto legal sería limitado, aunque aclaró que su clienta está dispuesta a colaborar con los investigadores. "La defendemos judicial y políticamente", sostuvo.
Nuñez y la concejal Gonzáles fueron elegidos el 13 de abril de 2023 por Fuerza Patria, y le ganó al exjefe comunal Leandro Bertoya por 36 a 31 por ciento de los votos.