La medida se enmarca en la política de "tolerancia cero" implementada por el gobierno de Rolando Figueroa. El despido se concretó a través de un decreto.
La purga de ñoquis e incumplidores que implementó el gobierno de Rolando Figueroa sumó un caso en el que se endureció el castigo. Ahora, no solo despidió a una portera que falsificó un certificado médico sino que también se tomó la decisión de denunciarla ante la Justicia.
Lo que hizo el Ejecutivo provincial neuquino fue convalidar la Resolución N 1522/2026 con la que el Consejo Provincial de Educación (CPE) le impuso la sanción de cesantía, a la ahora ex empleada Ángela Irene Herrera, quien se desempeñaba como auxiliar de servicio en la Escuela Primaria Nº 98 de Plottier.
Los auditores dieron por acreditado que la mujer incumplió lo normado tanto en el Convenio Colectivo de Trabajo como en el Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública de la Provincia del Neuquén; y en virtud de eso fue expulsada. En el documento oficial consta que también instruyó a que CPE formalice la correspondiente denuncia penal, para que se investigue la autenticidad del certificado médico expedido el 14 de marzo de 2024.
La investigación administrativa comenzó el 15 de agosto de ese año, luego de que un informe de la dirección general de Salud Ocupacional del CPE advirtiera sobre la existencia de las adulteraciones en cuestión. ¿Qué fue lo que llamó la atención de los auditores? Lo siguiente: “Tachaduras o falta de claridad”, en los plazos de reposo.
Ante esas irregularidades, el certificado fue rechazado y eso derivó automáticamente en la consecuente falta de justificación de las inasistencias en las que incurrió la agente durante el período en cuestión. Se indicó, además, que la médica interviniente reconoció la autoría de su firma y la confección original del certificado, pero aclaró de manera categórica que la anotación que modificaba el plazo de reposo no pertenecía a su puño y letra ni constituía una modalidad válida de prescripción.
En la misma documentación de despido, el gobierno provincial neuquino recordó que “todos los trabajadores tienen el deber de prestar el servicio personalmente en las condiciones y modalidades que se determinen en el Convenio Colectivo de Trabajo y en las que pudiera adoptar CPE”. Y destacó que también tienen la obligación de “observar en el servicio y fuera de él conducta decorosa y digna de la consideración y de la confianza que su condición de agente de la administración pública exige”.
Se subrayó, asimismo, que “lejos de constituir una mera irregularidad formal, la falsificación de documentación destinada a justificar inasistencias laborales vulnera de manera irremediable los deberes esenciales de probidad, buena fe y rectitud que todo agente público debe observar en el ejercicio de sus funciones, resquebrajando la confianza depositada por la administración y configurando una falta de extrema gravedad institucional”.
“La adulteración de instrumentos médicos no sólo atenta contra el régimen de asistencia, sino que constituye una inconducta fraudulenta incompatible con la permanencia en la administración pública, tornando imperativa la aplicación de una medida expulsiva que resguarde la moralidad y la disciplina general del servicio”, concluyó.