El fiscal de Delitos Económicos respondió al pedido de recusación presentado por el intendente de Plottier y defendió su actuación en la causa.
El fiscal de Delitos Económicos, Pablo Vignaroli, salió al cruce del pedido de recusación presentado por la defensa del intendente de Plottier, Luis Bertolini, en el marco de la causa que investiga presuntas irregularidades en contrataciones municipales.
El funcionario judicial defendió su intervención en la investigación: “Nosotros como fiscales no tenemos la obligación de ser imparciales. Somos una parte del proceso. El que tiene que ser imparcial es el juez”.
El jefe comunal -quien niega las acusaciones- solicitó el apartamiento del fiscal al considerar que su actuación y declaraciones públicas afectarían la objetividad del proceso. Frente a eso, Vignaroli explicó que el rol del ministerio público fiscal no es la imparcialidad, sino la objetividad.
“Podemos ser parciales, lo que tenemos que ser es objetivos. Toda la información que damos es objetiva y surge de la investigación”, remarcó, en declaraciones a LU5.
Según explicó el fiscal, el planteo de la defensa se produjo luego de que brindara detalles públicos sobre los avances de la causa. Sin embargo, sostuvo que informar es parte de su deber como funcionario.
“Cumplo con una obligación que tenemos todos los funcionarios del Estado, que es dar información”, afirmó. El proceso ahora deberá definir si el pedido de recusación prospera o si Vignaroli continúa al frente de la investigación. Mientras tanto, la causa sigue avanzando con nuevas medidas de prueba.
En paralelo al planteo de la defensa, la fiscalía realizó nuevos allanamientos en la Municipalidad de Plottier y en Neuquén, en busca de expedientes que no habían sido entregados en procedimientos anteriores.
El miércoles se concretó un operativo en un domicilio de calle Fotheringham al 600, luego de que un empleado de la firma Balco se presentara ante la Policía y manifestara que había trasladado documentación de la empresa a ese lugar por orden de uno de los investigados.
En el procedimiento se secuestraron sellos, formularios y documentación vinculada tanto a Balco como a otro grupo denominado Grupo Cova. Ahora, todo ese material será analizado para determinar su relevancia en la causa.
Vignaroli aclaró que las contrataciones investigadas "no fueron licitaciones públicas sino compras directas o concursos de precios". Según la hipótesis fiscal, la metodología consistía en invitar a tres proveedores -entre ellos siempre estaba Vilches- y finalmente adjudicarle la contratación al mismo oferente.
“Siempre era Vilches y otros dos proveedores. Pero siempre ganaba Vilches”, señaló. La fiscalía detectó además que, en algunos casos, las invitaciones a cotizar no incluían datos esenciales como condiciones de pago, presupuesto disponible o plazo para presentar oferta, lo que dificultaría una competencia "real".
Inclusive, mencionó un expediente donde se invitó a dos proveedores distintos y terminó siendo contratado Vilches, pese a que no figuraba formalmente como invitado en la documentación.
Para el Ministerio Público, esto podría configurar una maniobra destinada a direccionar contrataciones y simular competencia. Otro eje de la investigación es la posible existencia de sobreprecios en determinadas compras municipales. El fiscal mencionó como ejemplo la adquisición de tres equipos de aire acondicionado cuyo valor resultó “llamativo” al ser analizado.
La tarea actual consiste en determinar el monto total de las contrataciones bajo sospecha y contrastar cada presupuesto con el precio, finalmente, abonado por el municipio.
La fiscalía cuenta con un plazo inicial de 60 días desde la denuncia para concluir la etapa preliminar de investigación, aunque ese término puede extenderse según la complejidad del caso.
Al finalizar esa etapa, el Ministerio Público deberá resolver si archiva la causa o formula cargos formales. La teoría del caso, hasta el momento, es la de una presunta administración fraudulenta en perjuicio del Estado.
Mientras se define el planteo de recusación y avanzan los análisis de la documentación secuestrada, la investigación continúa y mantiene en el centro de la escena política y judicial al intendente de Plottier.