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El abogado de la familia de Pablo Córdoba, Mariano Orpianess, pidió a la Justicia protección para los padres del soldado que fue hallado muerto con dos balazos en la cabeza en el lugar adonde hacía guardia en el Regimiento de Zapala. Natalia Uribe y Juan José Córdoba se sintieron intimidados por la actuación de personal militar en torno a la investigación del caso, que fue encausado en la Justicia bajo la carátula de suicidio. Los familiares descreen por completo en la historia oficial.
"En razón del temor que sienten y de ciertas actitudes intimidantes de parte del personal del Ejército, tomamos la decisión como querellantes de solicitarle a la Justicia las medidas de protección para las víctimas, que están establecidas por ley y las prevé el Código Procesal Penal", le dijo el abogado a la radio LU5.
Concretamente, el pedido del abogado implica una custodia personal para Uribe y Córdoba. El padre del soldado es militar y vive en una casa en el interior del regimiento de Zapala. "Con más razón hay que brindarle seguridad", exaltó el querellante.
La querella en la investigación de la muerte del soldado Córdoba pidió en los tribunales tramitar el caso de las intimidaciones y el pedido de protección en expedientes separado de la causa madre. En ese contexto, el lunes en la tarde les tomaron declaración en los tribunales a los padres de Pablo Córdoba, quienes relataron bajo juramento los padecimientos vinculados a la actuación de los militares del regimiento, agregados al dolor por la pérdida de su hijo. Fue tema de las exposiciones por intimidación una visita de los mandos del regimiento a la casa de Juan José Córdoba para marcarle la cancha de la investigación, en la que no entra otra hipótesis que la del suicidio.
El abogado Orpianess incluyó en su estrategia como querellante un pedido de recusación para el juez federal Hugo Greca, por considerar que perdió la imparcialidad con perjuicio para la familia del soldado Córdoba.
"El juez que impulsa una investigación lo tiene que hace con absoluta imparcialidad e independencia, es este caso entendemos que están turbados los dos principios que se imponen en una investigación de cualquier índole, con más razón si es un hecho de gravedad como este", sostuvo el querellante.
Y luego relató el hecho que terminó de justificar la recusación del juez Greca: "Si se le concede al Ejército Argentino la posibilidad de tomar vista de las actuaciones, de las evidencias, se le da copia certificada del expediente, entiendo que hay un entorpecimiento a la investigación, toda vez que hay personal del Ejército que todavía no ha declarado y otro que si lo hizo. Con las declaraciones certificadas de los que ya fueron convocados, entonces es posible que se alineen los testimonios que faltan. La decisión del juez genera un propio entorpecimiento en la investigación que el mismo está haciendo y perjudicando claramente a mis asistidos ".
El jefe de la Agrupación de Artillería de Campaña 601 de San Luis, coronel Gustavo Chimeno, sembró otra preocupación en la familia del soldado Córdoba. "En declaraciones radiales dijo tener conversaciones con el juez. Entendemos que eso afectaría lo que está establecido en el inciso 10, del artículo 55, que da lugar a la recusación planteada por la querella", remató el representante de Nuria Munives y Juan José Córdoba.