Además, intentaron sacarme la matrícula de abogado. Estas mujeres que integran La Revuelta fueron a cada uno de los lugares donde trabajaba para pedir que me despidieran. A raíz de la presión mediática, me desvincularon de la Legislatura.
En fin, me presenté ante la Justicia con 11 medidas probatorias. Pedí mi examen psicológico. Por suerte, la encargada de acusarme fue una fiscal especializada en violencia de género. Cuando produzco las pruebas y la denunciante no produce ninguna ni cuestiona nada, la fiscal, al corroborar la información que yo brindé, resuelve dos cosas: primero, que una discusión de pareja no es un delito penal, y segundo, que existían dudas acerca de cómo relató los hechos mi ex pareja.
La fiscal pidió mi sobreseimiento.
Lo único que hizo la denunciante fue un escándalo mediático para desprestigiarme social y profesionalmente. Me quedé sin trabajo y perdí 26 sueldos desde entonces.
La Multisectorial dijo: "Esto no es una cuestión judicial, esto es una cuestión política". La cuestión de género está tan mediatizada que yo en un primer momento no hablé, porque quedé perplejo por la acusación.
Ahora la Justicia puso las cosas en su lugar.
