Estaba imputado por el presunto delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y se ordenó dictar una nueva decisión.
Este martes se conoció que la Cámara Federal de Casación Penal anuló el procesamiento del expresidente Alberto Fernández, en la denominada causa Seguros, donde estaba imputado por el presunto delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y se ordenó dictar una nueva decisión.
La decisión fue adoptada por mayoría y obliga a revisar nuevamente su situación judicial. El expresidente estaba siendo investigado por la contratación de seguros del Estado en beneficio de empresarios amigos suyos.
El fallo es de los jueces Mariano Borinsky y Javier Carbajo, que conformaron una mayoría, con la disidencia del camarista Gustavo Hornos, que votó por dejar firme el procesamiento del expresidente.
De esta forma, Casación hizo lugar al recurso presentado por la defensa de Fernández y ordenó que la Cámara Federal dicte un nuevo pronunciamiento sobre su situación, sino podría haber llegado a enfrentar su primer juicio oral por corrupción.
Los magistrados que avalaron la anulación respaldaron la postura del fiscal ante la Cámara, José Agüero Iturbe, quien consideró que no existían elementos suficientes para sostener el procesamiento del exmandatario.
"No hay juez sin acusador", señalaron en su resolución, al remarcar que tanto la fiscalía como la defensa de Fernández habían pedido revocar la medida y dictar la falta de mérito.
Pese a ello, la sala II del Tribunal intermedio de apelaciones confirmó el procesamiento. Ante esta circunstancia, la defensa del ex presidente argumentó que hubo una "afectación al principio acusatorio y al debido proceso".
El ex presidente está acusado de haber firmado el decreto 823/21 por el cuál todos los ministerios y organismos del estado nacional tenía que contratar a Nación Seguros. Luego de tomar esta decisión, Martínez Sosa y sus empresas cobraron el 60% de las comisiones de seguros, más de dos mil millones de pesos.
En ese contexto, Fernández había sido procesado por "negociaciones incompatibles con la función pública", con un embargo de $14.634.220.283,68 y prohibición de salida del país. El expediente también involucra a otros imputados, como Diego Nicolás Rosendi, Agustín Beraldi y Bri Brokers S.A.
Según indicó el ex mandatario, el pronunciamiento de la fiscalía "resultaba arbitrario toda vez que se había confirmado el procesamiento de su asistido mediante una errónea interpretación de la ley sustantiva y procesal, con vulneración de diversas garantías constitucionales, entre las que destacó el derecho al debido proceso y a la defensa en juicio".
Ese argumento fue defendido por la mayoría de la Sala IV, que en el voto conjunto expresó que “no existió controversia entre la defensa de Fernández y el Ministerio Público Fiscal ya que ambos habían pedido revocar el procesamiento y dictar la falta de mérito”.
Para Borinsky, la confirmación del procesamiento en la instancia de apelación “implicó resolver en exceso de la pretensión acusatoria y afectó el principio acusatorio, el contradictorio y el debido proceso”.
Carbajo expresó que la decisión de los jueces había sido dictada en “exceso de la pretensión oportunamente expuesta por la acusación”; mientras que para Hornos, el fallo “no se trata de una sentencia definitiva ni equiparable a tal, por lo que no superaba el límite de impugnabilidad objetiva” contemplado por el Código Procesal Penal de la Nación.