Previamente deberá pagar una caución millonaria dispuesta por el juez Diego Amarante.
Este viernes al mediodía, la Justicia confirmó que autorizó a Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), para que pueda salir del país. La decisión se da mientras el dirigente es investigado por evasión fiscal.
La Justicia en lo Penal Económico autorizó a Tapia a salir del país entre el 18 y el 20 de marzo para viajar a Paraguay. El motivo del viaje es el sorteo de competiciones organizado por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).
Previamente deberá pagar una caución de 30 millones de pesos, dispuesta por el juez Diego Amarante, en el marco de la causa en la que se investiga la presunta evasión de más de 19.000 millones de pesos por retención indebida de aportes.
La autorización judicial se produjo así mientras el expediente atraviesa una etapa clave, tras la finalización este jueves de las rondas de indagatorias y con los escritos de defensa ya presentados ante el magistrado, quien quedó en condiciones de definir la situación procesal de Tapia y del tesorero de la AFA, Pablo Toviggino.
Amarante cuenta con un plazo de diez días hábiles para resolver si dicta el procesamiento de los imputados, si los sobresee o si les dicta la falta de mérito, ya que son las tres alternativas previstas por la ley en esta etapa del proceso.
Según la denuncia, la AFA habría descontado impuestos y aportes previsionales que luego no ingresó al fisco en el plazo establecido. Según ARCA, esa conducta se habría repetido durante 19 meses consecutivos.
Según el organismo recaudador, que actúa como querellante en el juicio, los fondos presuntamente retenidos no eran recursos de la AFA, sino dinero correspondiente a los contribuyentes a los que se les habían practicado deducciones, cuando la entidad deportiva tenía capacidad financiera para cumplir con esas obligaciones.
La defensa de los dirigentes sostiene que no existió incumplimiento. Durante las indagatorias, tanto Tapia como Toviggino presentaron escritos en los que argumentaron que existía una disposición administrativa que impedía la ejecución fiscal de deudas impositivas en el caso de asociaciones civiles.
Desde esa perspectiva, sostuvieron que no estaban obligados a cancelar esas obligaciones en ese momento. Además, la AFA afirmó que la deuda ya fue regularizada.
El tesorero de la entidad insistió en ese argumento en el escrito presentado ante el juez. “No existió ardid ni engaño alguno, sino una conducta ajustada a resoluciones administrativas dictadas en el marco de una política estatal de alivio y regularización fiscal”, afirmó Toviggino. En el mismo documento agregó: “Está ausente el elemento subjetivo requerido y no puede atribuirse voluntad criminal”.
La defensa también planteó que existe una persecución contra la dirigencia de la AFA. Según su postura, la denuncia impulsada por el Gobierno nacional fue presentada en diciembre de 2025, mientras que el primer incumplimiento investigado se remonta a marzo de ese mismo año.
Tapia y Toviggino solicitaron el sobreseimiento en la causa. Sin embargo, el juez Amarante rechazó ese pedido. Esa decisión fue apelada y actualmente se encuentra bajo análisis de la Cámara en lo Penal Económico.
Noticia en desarrollo.