Tras la polémica por la escribana de Adorni, el organismo explicó que reportar este tipo de operaciones a la UIF es obligatorio.
El escandalo del jefe de Gabinete Manuel Adorni puso en el centro del debate el rol de los notarios frente a las transacciones de funcionarios públicos y cuestionó la intervención de la escribana que participó de la operación. La presidenta del Colegio de Escribanos porteño salió a explicar cómo funciona el sistema de controles.
En medio de la polémica en torno a la escribana Adriana Mónica Nechevenko, quien firmó dos operaciones de Adorni, la titular del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, Magdalena Tato, fue contundente: cuando el comprador o vendedor es una persona políticamente expuesta (PEP), la obligación de informar a la Unidad de Información Financiera (UIF) existe sin importar el monto de la transacción.
Según detalló en Radio Rivadavia, el mecanismo es mensual y automático: cada mes los escribanos reportan sus operaciones y, si interviene un funcionario, simplemente se marca esa condición. "No importa el monto por el que haya comprado, es automático", explicó.
Tato también aclaró la diferencia con el reporte de operación sospechosa (ROS), un mecanismo distinto que se activa cuando hay dudas sobre el origen de los fondos. Según señaló, en la práctica los escribanos rara vez llegan a ese punto porque, ante cualquier irregularidad, suelen caerse las operaciones antes de concretarse. "Cuando a mí me genera duda… tengo obligación de hacer un ROS”.
Sobre el caso que originó la polémica, evitó señalar responsabilidades individuales de su colega pero confirmó que el Colegio sigue el expediente y colabora con la justicia como auxiliar judicial, entregando la documentación requerida en caso de que sea necesario.
La dirigente precisó además que la obligación de justificar el origen de los fondos rige para todos los clientes por igual, sin excepciones. Los escribanos clasifican a cada comprador o vendedor según niveles de riesgo asociados al lavado de activos y pueden requerir documentación adicional cuando lo estiman necesario.
Tato también defendió la capacidad disciplinaria del Colegio: sostuvo que la institución no solo puede abrir expedientes internos sino también impulsar la destitución de un matriculado, y que en muchos casos lo hace antes de que intervenga la Justicia.
Al margen del caso Adorni, la presidenta del Colegio repasó otras aristas de la actividad notarial. Sobre la protección de la vivienda —antes conocida como "bien de familia"— destacó su valor como herramienta para resguardar el patrimonio ante imprevistos, y recordó que desde la sanción del Código Civil y Comercial en 2015 el beneficio se extendió a quienes viven solos.
Por último, salió al cruce de la idea de que el notariado sea una profesión que se hereda. Subrayó que el ingreso se define por un examen anónimo y que obtener la matrícula exige una formación rigurosa. "Cuando un escribano pone la firma se está obligando con todo su patrimonio", cerró.