La expresidenta solicitó nuevamente ser absuelta en la causa por la que fue condenada a seis años de cárcel, y habló ante la Cámara de Casación.
La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner pidió este jueves su absolución en la Causa Vialidad –en la que está condenada en primera instancia a seis años de cárcel- y denunció que “hay dos derechos”, uno para ella y otra para el resto de los argentinos.
Ante la Cámara de Casación, que revisa la condena dictada en su contra por administración fraudulenta en perjuicio del Estado, la defensa de la ex presidenta sostuvo que la condena fue “un acto de una arbitrariedad monumental”.
El abogado Carlos Beraldi le pidió al máximo tribunal penal del país que “corrija todos esos vicios” y “absuelva” a Cristina Kirchner.
Beraldi, quien ejerce la defensa técnica de la ex jefa del Estado, recurrió a un lenguaje llano en su exposición para que “la gente común, sin conocimientos jurídicos, entienda concretamente cuán grave ha sido este proceso y cuán grave ha sido la sentencia”.
Beraldi recordó que la ex presidenta fue acusada en más de 80 causas judiciales, entre ellas “que no tenía el título de abogada hasta la traición a la Patria”.
Sobre la Causa Vialidad, única en la que hasta ahora fue condenada, Beraldi sacó a relucir una opinión fundamentada del actual procurador del Tesoro y ex juez de la Corte Suprema, Rodolfo Barra, que ayer fue difundida en las redes sociales por Cristina Kirchner.
En ese documento, de carácter consultivo, Barra afirmó que “no hay elementos para acusar” a la ex presidenta.
Según interpretó Beraldi, la opinión de Barra sostiene que la intervención de Cristina Kirchner en las 51 licitaciones adjudicadas al empresario Lázaro Báez se cimentaron sobre “actos administrativos normados y con sus respectivas instancias de control”
Finalmente, Beraldi criticó “el teatral alegato del fiscal” Diego Luciani durante el juicio y afirmó que “de manera categórica, todas estas cuestiones quedaron desarticuladas”.
El fiscal federal Gerardo Pollicita propuso el pasado lunes que se extienda la prohibición de acercamiento de los referentes de la agrupación de ultraderecha Revolución Federal a la ex presidenta Cristina Kirchner; a sus hijos Máximo y Florencia, y a las “personas de su círculo íntimo”.
La medida, explicó el fiscal, es adicional a la dispuesta la semana pasada por el juez Marcelo Martínez de Giorgi, que consiste en “la prohibición de acercamiento a menos de 200 metros del Congreso de la Nación, del Instituto Patria y del domicilio” de la ex presidenta.
A su vez, remarcó que su propuesta fue llevada a cabo “teniendo en consideración el resultado obtenido a raíz de las tareas de vigilancia virtual desplegadas en los perfiles en redes sociales” de los principales referentes de Revolución Federal, Leonardo Sosa, Jonathan Morel y Gastón Guerra.
Hasta ahora, los tres tenía prohibido acercarse a los edificios pero esa medida dejaba abierta la posibilidad de que si lo hicieran cuando alguno de los integrantes de la familia Kirchner desarrollaran actividades fuera de esos tres lugares.
El escrito del fiscal advierte sobre la necesidad de “garantizar la eficacia” de la prohibición de acercamiento “y, por ende, la seguridad de los destinatarios de las conductas desplegadas por parte de los nombrados, virtualmente en algunos casos y personalmente en otros”.