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Este mes habrá varios aumentos que presionarán sobre el bolsillo y complicarán la intención oficial de controlar la escalada de precios, que en febrero ya marcó un 6,6%. Entre otros rubros, en abril habrá alzas en las tarifas de luz, prepagas, empleadas domésticas, colegios y alquileres.
Respecto a las tarifas de luz, el Gobierno continúa con el plan de quitar subsidios y así el 72% de los usuarios tendrán este mes un aumento de $380 promedio. Para los sectores de altos ingresos la suba será de $410 y para los de salarios bajos y medios de $360.
Con las prepagas, el aumento será del 2,36% para todos los afiliados, mientras que en los colegios privados la canasta escolar subirá hasta junio un 3,35% (fue incluida en el programa Precios Justos) y habrá un tope en el aumento de las cuotas.
En el empleo doméstico, el sector acordó un aumento del 27% en tres cuotas: 14% en abril, 7% en mayo y 6% en junio. De esa manera, las escalas para las horas trabajadas quedarán entre $751 y $921 y para los meses trabajados entre $85.600y $108.600.
Sobre los combustibles, hay incertidumbre sobre un posible aumento porque este mes finaliza el acuerdo del programa Precios Justos acordado con las petroleras y se desconoce si se renovará. Además, este mes venció la postergación de la actualización por inflación del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y tampoco se sabe si se renovará.
Con los alquileres, los inquilinos que cumplan un año de contrato desde su última actualización tendrán una suba del 92%, porcentaje que surge de una fórmula -establecida por la Ley de Alquileres- que sigue a la inflación y los salarios.
Recientemente se supo que el Gobierno buscará dar de baja la Ley de Alquileres, que tenía como objetivo ordenar la situación habitacional pero terminó afectando tanto a inquilinos como a propietarios.
La intención sería suspender la legislación actual por 180 días a través de un decreto de necesidad y urgencia (DNU), en un contexto complicado por la poca oferta de unidades para alquilar y con precios y demanda en aumento.
Mientras dure la suspensión, la idea es sancionar una nueva ley que sumaría beneficios para los propietarios que destinen sus inmuebles al alquiler, como que las rentas no paguen Ganancias y que las propiedades queden exentas de Bienes Personales.
Los principales cambios que trajo la fracasada Ley de Alquileres fueron la ampliación del plazo de los contratos (pasaron de dos a tres años) y la actualización anual del monto siguiendo un índice de salarios e inflación (antes se acordaba entre las partes y los ajustes eran semestrales).
La implementación de esta Ley provocó que el costo del alquiler subiera 245% y que los contratos renovados en marzo tuvieran subas del 90%, mientras que para este mes rondarían el 93%. A esto se suma que las nuevas ofertas de unidades para alquiler superaron esos porcentajes: en febrero los precios de las unidades nuevas publicadas aumentaron 112% interanual.