{# #} {# #}
El Decreto de Necesidad y Urgencia que implementará más de 300 medidas de desregulación debe ser aprobado por el Congreso. ¿Ya está en vigencia?
El presidente Javier Milei, en medio de un clima de tensión social y marchas, anunció por cadena nacional en la noche del miércoles, la firma de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que dispone una masiva reforma de leyes y más de 300 medidas de desregulación, pero cada uno de los DNU promulgados por el Poder Ejecutivo deben pasar por el Congreso.
Un DNU es una herramienta prevista en la Constitución nacional que le permite al jefe de Estado legislar en circunstancias excepcionales y de emergencia, aunque su uso está prohibido en materia penal, tributaria, electoral o de régimen de los partidos políticos. Sin embargo, el paquete de medidas puede ser rechazado por la justicia y por el congreso si se considera inconstitucional.
Una vez que el presidente emite un DNU, el Jefe de Gabinete, en este caso Nicolas Posse, tiene 10 días para enviarlo a la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, compuesta por miembros de las 2 cámaras (8 senadores y 8 diputados) que deben definirse.
Luego de que esta comisión emita dictamen, el DNU debe ser tratado por el pleno de las 2 cámaras. Mientras se lleva a cabo este proceso y hasta no ser rechazado, el decreto está vigente.
Una vez que ingrese a cada Cámara, los Diputados y Senadores únicamente tendrán la posibilidad de aprobar o rechazar el DNU, no hay instancias de suspensiones o agregados y lo debe hacer con el voto mayoritario en cada una de las cámaras.
Para que un DNU sea derogado debe ser rechazado por las 2 cámaras legislativas. Si sólo una de ellas lo aprueba, el decreto es válido, al igual que si no es tratado por alguna. Además, el congreso no puede hacer modificaciones a este documento emitido por el Poder Ejecutivo.
Puede existir la posibilidad de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación invalide un DNU por considerar que, en realidad, no hay urgencia, ya que según se establece, deben ser emitidos en situación de emergencia donde una demora podría tener consecuencias negativas para el país.