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La decisión fue formalizada a través del decreto 114. El organismo buscará determinar posibles irregularidades o conductas indebidas por parte funcionarios públicos.
Tras el escándalo por la criptomoneda $LIBRA difundida por el presidente Javier Milei en sus redes sociales, el Gobierno habilitó por decreto a la Oficina Anticorrupción (OA) para investigar el caso. El organismo se abocará a evaluar posibles irregularidades o conductas indebidas por parte de funcionarios públicos.
Lo hizo a través del decreto 114, publicado este jueves en el Boletín Oficial. En los considerandos de la normativa, también se dispuso la creación de la Unidad de Tareas de Investigación (UTI), que estará compuesta por especialistas para analizar el trasfondo del polémico proyecto. El organismo estará bajo la órbita del Ministerio de Justicia y “no irrogará gasto alguno para el Estado”.
“El criptoactivo denominado LIBRA ha generado importantes repercusiones y consecuencias que deben ser esclarecidas con suma urgencia por parte de las autoridades competentes”, se indica en los considerandos del decreto.
Entre sus funciones, la UTI tendrá la facultad de requerir información y documentación a los organismos del sector público nacional, así como solicitar datos a entidades provinciales, de la Ciudad de Buenos Aires y organismos internacionales a través de la intervención del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Además, la normativa reza que la unidad deberá “denunciar ante el Poder Judicial y/o el Ministerio Público Fiscal cualquier intento de ocultamiento, sustracción o destrucción de elementos relacionados con los hechos relevados”. Aunque “no podrá emitir juicios sobre hechos y circunstancias que constituyen materia exclusiva del Poder Judicial”.
El texto del decreto aclara que una vez concluidas las tareas para la que fue creada, la Unidad de Tareas de Investigación será disuelta.
La Oficina Anticorrupción, que conduce Alejandro Melik, determinará si hubo una violación a la Ley de Ética Pública. Entre los puntos que analizará la Oficina Anticorrupción se destacan:
Por otra parte, el presidente Javier Milei fue denunciado por una presunta “operatoria criminal” ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. El texto habla de ganancias ilícitas de entre 80 y 100 millones de dólares.
Recibió además 112 denuncias en la Argentina que recayeron en los juzgados de María Romilda Servini y Sandra Arroyo Salgado.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos y el FBI recibieron al menos una denuncia por operaciones criminales contra los protagonistas del escándalo cripto con el token $LIBRA, que generó ganancias de hasta 100 millones de dólares para los protagonistas del fraude.
En la presentación ante las autoridades de Estados Unidos señalan de manera explícita los roles que tuvieron el presidente Javier Milei, el estadounidense Hayden Mark Davis, el singapurense Julian Peh y los argentinos, presuntamente empresarios, Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy.
De acuerdo a lo que trascendió, la denuncia fue realizada por un estudio jurídico del país, especializado en casos de insolvencia internacional y de fraudes financieros, que también habría notificado a la Comisión de Valores de Estados Unidos (la SEC, en sus siglas en inglés) por las maniobras registradas durante la noche del viernes cuando se promocionó el meme coin.
Según La Nación, los abogados denunciantes indicaron que representan a inversores argentinos, en su mayoría, pero están al tanto "de que hay miles" de perjudicados por la supuesta maniobra fraudulenta, entre ellos varios ciudadanos de Estados Unidos.
Uno de los impulsores de la presentación es el abogado Mariano Moyano Rodríguez, que representa a más de dos mil víctimas de OmegaPro, otra criptomoneda que derivó en una magaestafa.
Para el letrado, corresponde la intervención de Estados Unidos en el escándalo cripto porque varios ciudadanos de ese país fueron víctimas del delito; la plataforma llamada Kip Protocol fue desarrollada en Norteamérica y la empresa está asentada en Kansas City; y que el supuesto dueños de la firma Kelsier Ventures -Hayden Mark Davis- se presentaron como ciudadanos de Estados Unidos.
Al mismo tiempo, de acuerdo al escrito citado por La Nación, los abogados requirieron al Departamento de Justicia de Estados Unidos "que investigue el rol del presidente de la República Argentina, Javier Milei, en esta estafa, dado que la ha promovido y en el pasado promovió varios emprendimientos que resultaron estafas".