La senadora Patricia Bullrich fue clave para la aprobación del proyecto, tras negociaciones con la oposición y dialoguistas. Los principales cambios.
Durante la madrugada de este viernes, el Senado de la Nación aprobó la reforma de la ley de Salud Mental que data desde el 2010. El proyecto modifica diversos aspectos de la Ley 26.657 con 42 votos a favor y 21 en contra. Para este resultado, el rol de Patricia Bullrich fue clave para negociar con aliados.
La iniciativa modifica criterios en internaciones involuntarias, adicciones y equipos médicos a cargo de tomar decisiones complejas relacionadas con la temática, entre otros puntos. Ahora giró a la Cámara de Diputados para continuar su tratamiento legislativo.
En comisión se dieron diversos cambios en el proyecto. Pese a que La Libertad Avanza tenía el apoyo del PRO y la UCR junto a otros sectores dialoguistas, varios senadores condicionaban su respaldo a la incorporación de garantías presupuestarias y modificaciones en la integración de los equipos profesionales.
Durante el tratamiento en el recinto, la presidenta de la comisión de Salud y miembro informante, Ivanna Arrascaeta (San Luis), fundamentó la necesidad de los cambios señalando que "la internación dejó de ser una respuesta clínica y pasó a ser una respuesta por falta de casa y familia".
La senadora libertaria Patricia Bullrich debió aceptar nuevas modificaciones para asegurar su aprobación. El cierre estuvo a su cargo, donde defendió la reforma impulsada por el Ejecutivo. "Lo que estamos planteando es que esta internación involuntaria sigue siendo un hecho excepcional", expresó.
"El centro es la atención integral de la salud mental de las personas y para eso se plantean una serie de derechos que tienen los ciudadanos frente al tratamiento de salud mental. La excepción es trabajar con herramientas para prevenir un daño grave", sumó en su intervención.
También sostuvo que la iniciativa busca superar la confrontación entre psicólogos y psiquiatras, a partir del reconocimiento de la importancia de ambas disciplinas en el abordaje de la salud mental. En ese sentido, defendió una perspectiva de atención que contemple la participación de los profesionales involucrados en los tratamientos.
Luego, enumeró una serie de aspectos que considera centrales dentro de la reforma. Entre ellos, destacó la implementación de planes de ingreso y egreso para las personas internadas, así como la responsabilidad del Estado en aquellos casos en los que los pacientes no cuentan con una red familiar que pueda acompañarlos.
Otro de los puntos señalados fue la creación de un registro nacional de internaciones, una de las herramientas contempladas en el proyecto. El objetivo es avanzar hacia un sistema que permita intervenir de manera preventiva y proteger a las personas antes de que se produzcan situaciones de gravedad, insistió.
Los cambios en la normativa modifican sustancialmente los criterios de internación en salud mental. Aunque se mantiene la preferencia por especialistas en psiquiatría, la evaluación inicial podrá hacerla un médico con formación en la materia en conjunto con un psicólogo. La firma de este último será obligatoria -tras eliminarse la palabra "preferentemente" del texto- tanto en el diagnóstico como en un eventual alta.
La reforma amplía la definición de adicciones para abarcar problemáticas como la ludopatía y restringe la representación familiar únicamente a padres, hijos, cónyuges, convivientes o tutores legales, fijando la obligación explicita del Estado de intervenir ante la ausencia de allegados.
Asimismo, se prohíben los manicomios y se restituyen herramientas de atención comunitaria (casas de convivencia, hospitales de día y capacitación sociolaboral).
Para los niños y adolescentes se exigen dispositivos diferenciados bajo el principio de autonomía progresiva, limitando su internación en salas de adultos a situaciones excepcionales. Finalmente, se garantizan las directivas anticipadas y el derecho del paciente a aceptar o rechazar tratamientos de forma previa, salvo ante riesgo grave para su vida.
Uno de los principales obstáculos en las negociaciones fue el financiamiento. Los senadores provinciales exigían que la reforma fijara compromisos claros para el Gobierno nacional, evitando así que los gobiernos locales tuvieran que asumir los costos de los nuevos dispositivos de atención y las exigencias profesionales.
El catamarqueño Guillermo Andrada apuntó a la "falta de recursos" al sostener que "no podemos hacer una ley que prometa lo que no se puede cumplir", considerando a su vez que "no le dieron la oportunidad a una muy buena ley de poder ser efectiva".
En el mismo sentido, el exgobernador santiagueño Gerardo Zamora cuestionó la ausencia de un debate sobre el financiamiento al calificar el enfoque como un "error de enfoque", coincidiendo con los reclamos de los senadores misioneros Carlos Arce y Elizabeth Rojas Decut, así como de la exmandataria Lucía Corpacci.