El Senado aprobó por unanimidad la nueva Ley de Discapacidad: los principales cambios

La iniciativa que tenía ya la media sanción de Diputados recibió 71 votos afirmativos en Cámara Alta. La propuesta adquirirá a partir de ahora carácter permanente.

La ley reemplaza el esquema de emergencia por un régimen permanente de prestaciones y financiamiento.

Tras una maratónica sesión, el Senado aprobó este miércoles por unanimidad la nueva Ley de Discapacidad. Se trataba de uno de los temas más sensibles para el gobierno, ya que se regulariza el esquema de atención y prestaciones del sector. La iniciativa obtuvo 71 votos afirmativos.

La propuesta, que surgió inicialmente como respuesta a la emergencia, adquirirá a partir de ahora carácter permanente. La iniciativa busca garantizar la continuidad de las prestaciones, las pensiones y las coberturas, además de establecer previsibilidad en el financiamiento del sistema.

Durante la jornada, tanto desde el oficialismo como la oposición coincidieron en la urgencia de avanzar con la ley, aunque desde algunas bancadas opositoras arremetieron contra "la crueldad" del Gobierno por haber llegado a esta instancia, advirtieron que el debate está lejos de quedar saldado y que la iniciativa aún es "perfectible".

"Estamos saliendo de una emergencia, a pocos días de diciembre y generando certeza", destacó la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich. "Este es un paso estratégico que está realizando el Senado y que parte de un acuerdo de todos y de lo que siempre llamamos que son políticas de estado: el parche por una regla y la incertidumbre por la previsibilidad", sumó.

Los principales cambios de la nueva Ley de Discapacidad

Uno de los cambios centrales reforma el artículo 9 de la Ley 13.478 y habilita la pensión no contributiva para personas de 70 años o más, quienes estén imposibilitados para trabajar y personas con discapacidad que no cuenten con cobertura previsional.

El proyecto mantiene además el monto equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio para las pensiones por discapacidad y por invalidez laboral, con actualización de acuerdo con el SIPA.

Las pensiones serán compatibles con otros programas de asistencia, como la Asignación Universal por Hijo (AUH), y un artículo para garantizar la cobertura de salud para las pensiones por invalidez y por discapacidad sin distinción.

Otro de los puntos incluidos en la ley es la continuidad del programa Incluir Salud, que garantiza prestaciones médicas y había sido uno de los reclamos planteados durante el tratamiento de la iniciativa.

Respecto al financiamiento, el proyecto establece que la asignación presupuestaria del Ministerio de Salud destinada al sector no podrá ser inferior, en términos reales, a la del ejercicio fiscal anterior.

Por otra parte, incorpora un sistema de auditorías periódicas que contempla el cruce de información entre la ANSES, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS) y el Registro Nacional de las Personas (RENAPER), bajo el principio del debido proceso inclusivo. La tarea estará a cargo de la Secretaría Nacional de Discapacidad.

Quiénes podrán conservar la pensión si consiguen trabajo

El proyecto mantiene la pensión no contributiva en el 70% de la jubilación mínima. Entre los requisitos para solicitarla figuran el Certificado Único de Discapacidad y un ingreso neto inferior a dos salarios mínimos. Para calcular ese límite se toma en cuenta únicamente el ingreso de quien pide la pensión.

Quien ya cobre la pensión podrá conservarla si consigue un empleo registrado o se inscribe en el monotributo, siempre que sus ingresos no superen los dos salarios mínimos. Si su ingreso pasa de ese monto, el pago se suspenderá. Podrá pedir que se lo restablezcan cuando termine la relación laboral o sus ingresos vuelvan a quedar por debajo del tope.

Para los prestadores, el proyecto mantiene el ajuste mensual de los aranceles por inflación. Si quedan compensaciones pendientes, el Ejecutivo tendrá 30 días corridos desde la entrada en vigencia de la ley para publicar el cronograma y 90 días corridos, contados desde la misma fecha, para pagarles a quienes hayan completado el trámite.

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