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La ley exige motivos fundados y un análisis judicial previo para autorizar cualquier modificación del apellido.
Cambiar el apellido paterno en Argentina no es un trámite automático ni de simple resolución. Se trata de un proceso legal que requiere fundamentos sólidos, controles judiciales y el cumplimiento de requisitos estrictos, ya que el apellido cumple una función clave en la identidad y en el ámbito jurídico. Esta situación genera muchas dudas, especialmente cuando el pedido es realizado por un menor o surge de conflictos familiares complejos.
La normativa actual se basa en el Código Civil y Comercial de la Nación, que protege la identidad de las personas y establece que cualquier modificación debe justificarse con motivos fundados. En la mayoría de los casos, el proceso es judicial, aunque existen excepciones en las que puede gestionarse directamente en el Registro Civil.
En Argentina, cambiar el apellido paterno nunca es automático. La regla general indica que, para eliminar, modificar o reemplazar un apellido se necesita autorización judicial, salvo ciertos motivos especiales previstos por la normativa.
El trámite puede iniciar en dos vías:
Cuando el pedido involucra la eliminación del apellido paterno, el juez analiza exhaustivamente las razones aportadas. Para eso puede solicitar informes psicológicos, entrevistas, evaluaciones sociales e incluso publicaciones de edictos en medios oficiales. Estos edictos sirven para que cualquier persona que pueda verse afectada por el cambio tenga la oportunidad de presentar objeciones.
Tras evaluar pruebas, impacto emocional, contexto familiar y eventuales riesgos, el juez dicta una resolución final, que puede aprobar o rechazar la solicitud.
No todos los motivos son aceptados para cambiar el apellido. La jurisprudencia argentina establece criterios bastante restrictivos. Entre los fundamentos válidos más reconocidos se encuentran:
En todos estos casos, la decisión final recae en el juez, quien también tiene en cuenta la opinión del solicitante y, si corresponde, del menor involucrado.
Cuando la solicitud involucra a un niño o adolescente, el estándar legal es aún más estricto. La Convención sobre los Derechos del Niño, incorporada a la legislación argentina, obliga a que cualquier decisión se tome priorizando el interés superior del menor.
Esto implica:
A partir de los 13 años, si el adolescente demuestra madurez, su opinión adquiere un peso relevante y debe ser escuchada antes de resolver. El objetivo siempre es el mismo, que el apellido acompañe la identidad del menor y no sea una fuente de daño, rechazo o conflicto.
El Código Civil y Comercial, en su artículo 69, contempla situaciones en las que el cambio puede realizarse directamente en el Registro Civil sin necesidad de iniciar una causa judicial.
Esto es posible cuando existe un "justo motivo", categoría que incluye:
En estos casos, el trámite suele ser más ágil y administrativo. Sin embargo, la mayoría de las solicitudes vinculadas con conflictos familiares, violencia o disputas con progenitores quedan fuera de esta vía, por lo que deben resolverse en sede judicial.
Leyes, trámites y Argentina: qué tener en cuenta antes de iniciar la solicitud
Quienes desean cambiar su apellido deben saber que el proceso no es inmediato, puede extenderse durante meses y requiere documentación precisa. Algunos puntos clave a considerar antes de avanzar: