Los estudiantes reclaman por salarios docentes, financiamiento universitario y el deterioro de la educación pública.
Los estudiantes del Colegio Nacional de Buenos Aires y de la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini resolvieron tomar ambos establecimientos por tiempo indeterminado en reclamo del financiamiento universitario y la situación salarial docente. La medida fue votada en asambleas estudiantiles y comenzará bajo la modalidad de ocupación con permanencia dentro de los edificios.
Los alumnos sostienen que la protesta busca visibilizar el deterioro presupuestario de la educación pública y exigir el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada en 2025 pero todavía envuelta en disputas judiciales.
La decisión fue adoptada después de una serie de debates internos donde participaron decenas de estudiantes de ambos colegios preuniversitarios dependientes de la UBA.
La ocupación comenzó después del turno vespertino y se extenderá de manera indeterminada, aunque su continuidad será evaluada diariamente en nuevas asambleas.
Desde los centros de estudiantes explicaron que la toma no implica una interrupción absoluta de las actividades escolares. Cada alumno podrá decidir si adhiere o no a la protesta y, en paralelo, se organizarán clases públicas dentro del marco de la movilización.
El presidente del centro de estudiantes del Nacional Buenos Aires, Francisco Pitrola, explicó en declaraciones televisivas que el objetivo central consiste en “visibilizar la crisis y defender la educación pública”.
Los estudiantes apuntan directamente contra el ajuste presupuestario impulsado por el Gobierno nacional y sostienen que el deterioro afecta tanto los salarios docentes como las condiciones edilicias de los establecimientos educativos.
El conflicto, además, se desarrolla en un escenario de tensión más amplio dentro del sistema universitario nacional, donde gremios docentes y no docentes mantienen reclamos salariales desde hace meses.
El principal reclamo estudiantil gira alrededor de la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso y promulgada durante octubre de 2025. La normativa establece mecanismos de actualización presupuestaria y pautas vinculadas con el sostenimiento económico de universidades e instituciones dependientes.
Sin embargo, la implementación quedó frenada por distintas presentaciones judiciales y por la discusión sobre las partidas presupuestarias necesarias para ponerla en funcionamiento.
El Poder Ejecutivo apeló fallos iniciales que exigían avanzar con artículos vinculados al financiamiento y a la recomposición salarial docente.
Dentro de ese contexto, la protesta estudiantil quedó articulada con las medidas impulsadas por los sindicatos universitarios.
La Federación de Docentes de las Universidades (Fedun) anunció un paro nacional de 24 horas para reclamar reapertura de paritarias y actualización salarial. A esa medida también se sumaron Conadu y Conadu Histórica.
Los gremios sostienen que el atraso salarial afecta de manera directa la permanencia de docentes dentro del sistema público universitario.
Uno de los puntos que más preocupa dentro de la comunidad educativa es la pérdida de poder adquisitivo de los salarios docentes.
Los sindicatos universitarios afirman que los ingresos registraron una fuerte caída desde 2024 y advierten que cada vez más profesores abandonan el sector público para migrar hacia instituciones privadas.
Francisco Pitrola sostuvo que actualmente los docentes del Nacional Buenos Aires cobran alrededor de un 30% menos que profesores de escuelas dependientes de la Ciudad de Buenos Aires.
El dirigente estudiantil remarcó que históricamente ocurría lo contrario y que los salarios de los colegios preuniversitarios solían ubicarse por encima de los establecimientos porteños.
Para los estudiantes, esa situación refleja un deterioro estructural del sistema universitario y forma parte de una política de ajuste sobre la educación pública.
En paralelo a la toma de colegios, gremios docentes y no docentes organizaron clases públicas frente al Palacio de Tribunales para reclamar una definición de la Corte Suprema sobre la ley de financiamiento.