Entre los bienes había comercios, terrenos y hasta la casa donde vivía. Cómo lograron sacarle toda su fortuna.
Luis Vázquez tenía 80 años cuando sufrió un accidente cerebrovascular (ACV) que lo dejó en coma. Estuvo internado durante más de un año y murió en agosto de 2017. Durante ese proceso, 34 propiedades que formaban parte de su patrimonio fueron transferidas a distintas personas.
En abril de 2016, Vázquez se cayó y se fracturó la cadera. Pasó un mes en un sanatorio y luego continuó la recuperación en su casa, sin poder levantarse de la cama.
El 13 de julio sufrió un ACV que agravó su estado. Quedó con asistencia respiratoria, movilidad prácticamente nula y un nivel mínimo de conciencia. Según la presentación familiar, no estaba en condiciones de comprender ni autorizar operaciones comerciales.
Sus herederos dicen que las operaciones se realizaron sin su consentimiento y por cifras muy inferiores a los valores reales. Los familiares descubrieron las transferencias después de su muerte y libraron una batalla judicial que lleva casi una década.
Además de recuperar los inmuebles, reclaman que se investigue si detrás de las ventas funcionó una asociación ilícita.
Vázquez había dedicado buena parte de su vida a los negocios inmobiliarios en Ezeiza y Canning. No tenía hijos y acumuló terrenos y comercios cuando esas zonas todavía no habían alcanzado los valores actuales. Sus problemas de salud lo llevaron a designar como apoderado a Maximiliano Teta, empleado de su inmobiliaria y hombre de confianza.
El poder general le permitía administrar los bienes y mantener en funcionamiento la actividad ante una eventual internación.
El abogado de la familia, Juan Caimi, aseguró que el apoderado inició una serie de operaciones a una velocidad fuera de lo habitual. “Hacía hasta cuatro escrituras por día”, afirmó.
Las 34 transferencias pasaron por el mismo escribano. Los compradores pertenecían, según la denuncia, al entorno familiar y personal del apoderado: entre ellos aparecían su pareja, su hermana, cuñados, padres, hijos y allegados.
La familia también cuestionó la capacidad económica de varias de esas personas para adquirir los inmuebles. Algunas no registraban ingresos compatibles con las compras y otras recibían beneficios sociales.
Los valores declarados representaban, en promedio, menos del 5% del precio real. Una tasación encargada posteriormente estimó que el conjunto de las propiedades alcanzaba los 14 millones de dólares.
Entre los bienes había un supermercado, una estación de servicio, un lubricentro, una heladería de una reconocida cadena y numerosos locales comerciales. La maniobra denunciada también incluyó la casa donde vivía Vázquez.
Algunos inmuebles continúan alquilados, pero otros habrían sido vendidos posteriormente a terceros. La Justicia dictó una medida cautelar para impedir nuevas ventas o modificaciones mientras avanza el expediente.
Sin embargo, surgieron más sospechas durante un allanamiento a la escribanía donde se firmaron las operaciones. Los representantes de la familia denunciaron que fueron convocados primero a un punto de encuentro ubicado en Monte Grande, a unos 25 minutos del lugar. Mientras una parte de la comitiva esperaba allí, uno de los abogados se dirigió directamente a la escribanía.
Según su relato, encontró un móvil policial frente al edificio y vio salir a varias personas con documentación antes del comienzo formal del procedimiento.
El letrado grabó la escena y afirmó que, cuando finalmente ingresaron, parte del material que buscaban ya no estaba. Las circunstancias del operativo fueron denunciadas dentro del expediente y los herederos pidieron que también sean investigadas.
La familia reclama que se cite a declarar a los compradores, al apoderado y a todos los participantes de las escrituras. También exige que la causa penal avance sobre la posible existencia de una organización destinada a vaciar el patrimonio de Vázquez.