El Estado nacional deberá avanzar con una compensación económica una vez que la sentencia quede firme.
La Justicia Federal de Córdoba emitió un fallo inédito al reconocer que la muerte de una joven de 24 años estuvo directamente vinculada con la aplicación de la vacuna Sputnik V contra el Covid-19. La resolución favoreció a la familia de Melín Agustina Sartori y ordenó al Estado nacional avanzar con una indemnización millonaria.
La decisión fue tomada por la Sala A de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba y podría transformarse en un antecedente para futuras demandas relacionadas con efectos adversos graves posteriores a la vacunación durante la pandemia.
La resolución judicial favoreció a María Virginia Ruiz, madre de Melín Sartori, quien impulsó el reclamo desde el inicio del caso. Los jueces Liliana Navarro, Graciela Montesi y Eduardo Avalos concluyeron que existían elementos suficientes para establecer una relación causal entre la vacuna Sputnik V y la trombosis con trombocitopenia que terminó provocando la muerte de la joven.
En el fallo, la Cámara sostuvo que “el evento se encuentra relacionado con la colocación de la vacuna Sputnik V” y ordenó que el Ministerio de Salud de la Nación complete en un plazo de 30 días los trámites administrativos pendientes para habilitar el pago correspondiente del fondo de reparación COVID-19 previsto por la ley 27.573.
La indemnización fijada equivale a 240 haberes mínimos jubilatorios, una suma que actualmente ronda los 95 millones de pesos. Para el abogado de la familia, Martín Barbará, el expediente avanzó sobre un terreno prácticamente sin antecedentes dentro de la justicia argentina.
El letrado explicó que, cuando comenzó la demanda, todavía no existían casos similares vinculados con efectos adversos graves atribuidos a vacunas contra el coronavirus.
El caso también tomó relevancia por la participación de organismos médicos y especialistas que analizaron la evolución clínica de Sartori y revisaron investigaciones científicas internacionales sobre determinados eventos trombóticos posteriores a la vacunación.
Melín Agustina Sartori tenía 24 años y, de acuerdo con el testimonio de su familia, mantenía una vida activa, practicaba deportes y no presentaba antecedentes médicos relevantes antes de recibir la vacuna. Ese aspecto resultó importante dentro del expediente porque los jueces evaluaron especialmente la ausencia de patologías previas que pudieran explicar el cuadro posterior.
La joven recibió la primera dosis de Sputnik V el 15 de julio de 2021 y menos de una semana después comenzó con cefaleas intensas y vómitos. Con el correr de los días, el cuadro evolucionó hacia una trombosis con trombocitopenia acompañada por un deterioro neurológico irreversible que terminó provocando su muerte apenas 14 días después de la vacunación.
Uno de los documentos considerados centrales por la Justicia fue un informe médico elaborado por la especialista Susana Vanoni, magíster en bioética, quien concluyó que la evolución clínica debía interpretarse como un evento adverso secundario a la vacunación contra el Covid-19.
Otro punto clave apareció cuando la Comisión Nacional de Seguridad en Vacunas (CoNaSeVa) revisó nuevamente el caso y terminó reconociendo formalmente el nexo causal entre la vacuna y el daño sufrido por la joven. La decisión del organismo se produjo después de la evolución del consenso científico internacional respecto de determinados cuadros trombóticos asociados a algunas vacunas utilizadas durante la pandemia.
La persona que impulsó la causa judicial fue María Virginia Ruiz, madre de Melín y médica de profesión. Desde el comienzo sostuvo públicamente que su objetivo no se limitaba a obtener una indemnización económica, sino también a darle visibilidad al caso de su hija y alertar sobre la necesidad de investigar posibles efectos adversos graves vinculados con las vacunas contra el Covid-19.
Durante el proceso judicial, la familia insistió en que la discusión debía centrarse en el reconocimiento médico y científico del cuadro sufrido por Sartori. Para la querella, el caso también expuso limitaciones vinculadas con los mecanismos de farmacovigilancia, es decir, los sistemas utilizados para detectar, evaluar y monitorear reacciones adversas posteriores a la aplicación de medicamentos y vacunas.
El expediente se convirtió así en uno de los casos judiciales más relevantes relacionados con vacunación y responsabilidad estatal posteriores a la pandemia. Además de la discusión médica, el fallo abrió un debate jurídico sobre el alcance de los fondos de reparación creados durante la emergencia sanitaria y sobre la obligación del Estado de responder económicamente ante eventos adversos reconocidos oficialmente.
Ahora, si la sentencia queda firme, el Ministerio de Salud deberá avanzar con el pago de la indemnización ordenada por la Cámara Federal de Córdoba, en un caso que podría transformarse en referencia obligada para futuros reclamos similares dentro de la Argentina.