Un fiscal federal impulsa la causa contra el ex titular de la empresa estatal. Los gastos incluyen free shops, bares y adelantos de efectivo en el exterior.
El fiscal federal Ramiro González imputó a Demian Reidel, ex presidente de Nucleoeléctrica Argentina S.A., por irregularidades en el uso de tarjetas de crédito corporativas durante su gestión al frente de la empresa estatal. La causa quedó a cargo del juez federal Daniel Rafecas.
La investigación apunta a consumos realizados entre marzo de 2025 y febrero de 2026 con la tarjeta corporativa cuenta N° 338402, emitida a nombre de Nucleoeléctrica. El fiscal busca determinar si existieron "irregularidades penalmente relevantes" en la administración de ese plástico.
La imputación alcanza también a los integrantes del Directorio y de la Sindicatura de la sociedad, así como a todos los titulares y usuarios autorizados de la tarjeta corporativa. El fiscal señaló que el reporte original no individualizaba al responsable de cada operación ni precisaba cuántos plásticos estaban asociados a la cuenta.
El detonante fue el informe de gestión presentado en la Cámara de Diputados por el jefe de Gabinete Manuel Adorni, que incorporó un "Reporte Tarjeta Corporativa" elaborado en respuesta a un pedido de acceso a la información de la diputada Florencia Carignano.
Del análisis de ese reporte surgieron consumos que, según el fiscal, resultan ajenos "al objeto social y a la finalidad institucional" de la empresa. Entre los gastos detectados se destacan:
La diputada nacional Marcela Pagano, quien presentó una denuncia en Comodoro Py, sostuvo que incluso si las erogaciones hubieran correspondido a viajes oficiales, los consumos detectados serían incompatibles con el régimen normativo vigente en materia de viáticos.
Una denuncia paralela, presentada por el diputado nacional Esteban Paulón, tramita en el juzgado federal 5 a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti y la fiscal Paloma Ochoa.
La causa apunta a posibles figuras penales de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, peculado, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con la función pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Como primeras medidas, el fiscal González solicitó incorporar el reporte cuestionado al expediente, identificar a todos los titulares y usuarios autorizados de la cuenta y requerir al banco emisor el detalle completo de las operaciones, con fecha, comercio, concepto e importe de cada consumo.
También pidió que se informe la cantidad de plásticos asociados a la cuenta y que se identifique, para cada operación, qué tarjeta fue utilizada y quién era su titular. La investigación recién comienza, pero el caso ya instaló la discusión sobre el control de gastos en las empresas públicas argentinas.