El Senado aprobó por 44 votos contra 23 la reforma impulsada por el Gobierno, que amplía el régimen simplificado de Ganancias y modifica los controles de ARCA.
El Senado convirtió en ley este jueves el proyecto de Inocencia Fiscal II, una iniciativa impulsada por el Gobierno de Javier Milei que busca incentivar el ingreso al circuito financiero formal de los dólares que los contribuyentes mantienen fuera del sistema. La norma obtuvo 44 votos a favor y 23 en contra, sin abstenciones.
La sanción contó con el respaldo de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y distintos bloques provinciales, mientras que el peronismo se pronunció mayoritariamente en contra. La iniciativa ya había recibido la media sanción de la Cámara de Diputados, por lo que con la votación de este jueves quedó convertida en ley.
El proyecto modifica el régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias y establece nuevos criterios para las declaraciones de los contribuyentes y para las facultades de fiscalización de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Entre sus principales objetivos está facilitar la formalización de ahorros que permanecen fuera del sistema financiero.
Uno de los puntos centrales de la reforma es la eliminación de las restricciones para ingresar al Régimen Simplificado de Ganancias. La legislación anterior establecía un límite patrimonial de 10.000 millones de pesos para poder acceder a ese esquema.
Con la nueva norma se amplía el universo de contribuyentes que pueden utilizar el régimen simplificado y se reducen determinadas obligaciones de información. El Gobierno sostiene que el cambio apunta a generar mayores incentivos para que los ahorros que permanecen fuera del sistema formal sean incorporados al circuito financiero.
Sin embargo, el beneficio no alcanza a determinados funcionarios. Legisladores, jueces, ministros del Poder Ejecutivo y el Presidente de la Nación quedan excluidos de los beneficios del sistema simplificado.
Además, la iniciativa establece que los funcionarios públicos y quienes hayan ocupado cargos de ese tipo durante los cinco años anteriores no podrán adherir al régimen en las mismas condiciones que el resto de los contribuyentes.
Otro de los cambios está relacionado con el concepto de “discrepancia significativa”, que determina cuándo ARCA puede cuestionar una declaración simplificada. Según la iniciativa, se considera significativa una diferencia que implique un aumento del impuesto determinado o una reducción de quebrantos de, al menos, 15% respecto de lo declarado por el contribuyente.
Durante el debate, la presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, defendió la iniciativa y sostuvo que la falta de confianza llevó a los ciudadanos a sacar sus ahorros del circuito financiero.
Bullrich afirmó que Argentina y Rusia son los países con más dólares fuera del circuito financiero porque, según su interpretación, el Estado fue un enemigo del ahorro.
“El enemigo de los ahorristas ha sido el Estado, que expropió de distintas formas ese dinero: hiperinflación, inflación, cepo, con todo tipo de mecanismos. Y por eso el ciudadano salió de los circuitos legales para ir hacia los informales con el objetivo de proteger sus ahorros”.
La senadora también destacó las restricciones incorporadas para los funcionarios públicos y sostuvo que quienes ocupen esos cargos no podrán utilizar los beneficios del nuevo mecanismo.
Desde el peronismo, el senador José Mayans cuestionó duramente la reforma y la vinculó con un beneficio para evasores y narcotraficantes. También apuntó contra integrantes del Gobierno y del oficialismo.
Por su parte, el senador libertario Bruno Olivera Lucero defendió el proyecto y sostuvo que la reforma busca modificar la relación entre el Estado y los contribuyentes.
“Durante muchos años, ser contribuyente era una condena. Los trataban a todos como evasores. Así trató el fisco a los contribuyentes durante el kirchnerismo”.
El senador peronista Fernando Salino, en tanto, planteó durante el debate que las restricciones se extiendan a las “personas políticamente expuestas”, una categoría que consideró más amplia que la de funcionarios públicos contemplada actualmente en el proyecto.
La sesión comenzó a las 11:23, con el quórum estricto de 37 senadores, integrado por representantes de La Libertad Avanza, la UCR, el PRO y bloques provinciales.
Antes del tratamiento de la Inocencia Fiscal II, el peronismo utilizó cuestiones de privilegio para cuestionar al presidente del Banco Central, Santiago Bausili, por el destino del oro de las reservas. Las críticas fueron formuladas por los senadores justicialistas Florencia López y Martín Soria y fueron rechazadas desde el oficialismo por Agustín Monteverde.
El radical Maximiliano Abad también presentó una cuestión de privilegio dirigida al secretario de Educación de la Nación, Carlos Torrendell, para reclamar la convocatoria a un nuevo Congreso Pedagógico Nacional ante los resultados obtenidos por los estudiantes argentinos en las evaluaciones PISA.
“Por eso vengo, a través de esta cuestión de privilegio, a solicitarle formalmente al Secretario de Educación, Carlos Torrendell, que en su carácter de autoridad del Consejo Federal de Educación, ponga en tratamiento la iniciativa que vengo impulsando desde hace tiempo: la convocatoria a un nuevo Congreso Pedagógico Nacional”.
Tras las cuestiones de privilegio, el Senado avanzó con otros temas incluidos en el temario, entre ellos los pliegos judiciales y la transferencia de competencias judiciales a la Ciudad de Buenos Aires. La jornada también incluyó el tratamiento de una iniciativa vinculada con el régimen de producción de biocombustibles, un punto que formó parte de las negociaciones del oficialismo con sus aliados.