Días antes se había realizado una denuncia por la viralización de las imágenes de la joven de 29 años, a través de WhatsApp.
La muerte de Shadya Altamirano mantiene activa por estas horas una investigación, ya que semanas antes había denunciado a su exnovio por la difusión de videos íntimos sin consentimiento y, según su entorno, el hostigamiento posterior la llevó al suicidio.
Tras su muerte, ocurrida el sábado 11 de abril en Santiago del Estero, el Ministerio Público Fiscal aseguró que brindó todas las herramientas legales disponibles para su protección, mientras que la familia denunció la falta de respuestas.
La investigación judicial se centra en los hechos desencadenados desde el 1 de marzo, fecha en la que Altamirano, de 29 años, acudió a la Comisaría Comunitaria N° 15 de la localidad santiagueña de Pinto para denunciar a su expareja por los delitos de amenazas y difusión no consentida de material sexual.
De acuerdo a información del diario local El Liberal, la fiscalía detalló en un comunicado que tras la denuncia, ofreció a la joven protección inmediata mediante un botón antipánico, recurso que ella rechazó y dejó constancia firmando el acta respectiva.
La fiscalía también dictó restricciones judiciales para el acusado, un hombre de 43 años, y no se recibieron posteriores denuncias de incumplimiento de estas medidas.
Shadya denunció haber sido víctima de una relación abusiva de nueve años, con episodios de maltrato psicológico, violencia sexual y física.
La relación de la abogada con su pareja había finalizado el 26 de febrero, pocos días antes de la difusión de los videos por WhatsApp, episodio que desató en la joven una fuerte crisis emocional, de acuerdo al testimonio de su madre, María Verónica Rodríguez, docente de nivel primario.
La madre calificó la relación que mantuvo Altamirano con su expareja: “Era insostenible por el constante maltrato psicológico, verbal y violencia sexual y física que padecía”.
En la semana previa al fallecimiento, la madre de Shadya acudió a la Comisaría 15 del Menor y la Familia para dejar constancia del estado de salud mental de su hija. Según el acta policial, la joven “estuvo en tratamiento psiquiátrico por trastorno obsesivo compulsivo, nunca concluyó el tratamiento, tuvo varios intentos de autolesión y no se dejaba ayudar”.
La madre insistió al medio El Liberal en que la denuncia no prosperó y que la familia nunca recibió contención psicológica ni protección efectiva: “Ella no tuvo contención más que la denuncia. Es más, le dijeron que esa persona (su exnovio) tenía respaldo y que eso (su denuncia) terminaría en la nada”.
Uno de los puntos de conflicto en la investigación radica en los presuntos vínculos familiares del acusado. María Verónica Rodríguez denunció que el hombre que viralizó las imágenes es familiar de María Emilia Ganem, fiscal general de la circunscripción de Añatuya, y que él solía decir: “‘A mí nadie me va a hacer nada’”.
Por su parte, dos juezas de Control y Garantías, Ana María González Ruiz y Gladys Alami, afirmaron a que “no consta ingreso de petición de medidas de protección” para la víctima tras la denuncia, sugiriendo un vacío entre la denuncia y la aplicación de medidas efectivas.
La familia sostiene que la falta de contención y eficacia en la respuesta estatal fue un factor determinante en el desenlace. La madre de Shadya relató que recién fue citada para declarar después de que la noticia tomara relevancia mediática y reclamó: “Nos dejaron solos”.