La Argentina pide que el Tribunal del Mar obligue al Reino Unido a frenar dos petroleras en Malvinas

Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration impulsan Sea Lion. El reclamo se tratará la próxima semana, mientras se constituye el tribunal arbitral.

La Argentina pedirá que se frene el proyecto petrolero Sea Lion en las audiencias que se realizarán el 10 y 11 de noviembre ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, en Hamburgo. El reclamo enfrenta al país con el Reino Unido por las actividades autorizadas al norte de las islas Malvinas.

La secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, María Ibarzabal Murphy, encabezará la delegación argentina, según informó el Gobierno. La comitiva expondrá los argumentos para impedir que avance la explotación de hidrocarburos, mientras se constituye el tribunal arbitral que debe tratar la controversia.

El pedido de medidas provisionales se presentó el 13 de octubre, bajo el artículo 290, párrafo 5, de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar). El arbitraje sigue el procedimiento del Anexo VII de ese tratado.

Qué pide la Argentina para frenar Sea Lion

La presentación apunta a las actividades de Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration en la Cuenca Malvinas Norte. La Argentina solicita que el Reino Unido impida el inicio o la continuación de la explotación y se abstenga de adoptar decisiones que puedan agravar la disputa.

La sede del Tribunal del Mar, en Hamburgo, donde se realizarán las audiencias del 10 y 11 de noviembre. (Foto: ITLOS).

También pide que Londres deje de obstaculizar el cumplimiento de las obligaciones argentinas de protección del medio marino. El Gobierno sostiene que extraer recursos no renovables de un área disputada generaría un daño irreparable a los derechos soberanos que reclama sobre la plataforma continental.

Como parte de una estrategia más amplia, el Ejecutivo informó el envío de más de 180 notas de desaliento a empresas y países, y el inicio de 60 procedimientos sancionatorios. También promovió denuncias penales contra compañías y personas vinculadas con Sea Lion.

Quiénes integran la comitiva que viaja a Hamburgo

La representación incluirá al consejero legal de la Cancillería, Mario Oyarzábal, que actuará como agente de la Argentina, y al secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía, Juan Ignacio Stampalija. La presentación fue preparada por los equipos jurídicos de esas áreas, la Secretaría Legal y Técnica y la Procuración del Tesoro.

También viajarán Santiago Castro Videla, subprocurador del Tesoro, y Betina Pasquali de Fonseca, embajadora argentina en Alemania, de acuerdo con la nómina difundida por el Gobierno.

La defensa contará con Marcelo Kohen, especialista en derecho internacional; Nico Schrijver, experto en soberanía sobre recursos naturales; y Agustín Giustiniani, profesor de la Maestría en Solución de Controversias Internacionales de Ginebra, conocida como MIDS.

Kohen integró la defensa argentina en el caso de la fragata Libertad, retenida en Ghana. En diciembre de 2012, el mismo Tribunal ordenó la liberación del buque como medida provisional, un antecedente que el Gobierno recordó al presentar al equipo.

Los horarios de las audiencias y los posibles resultados

Las jornadas tendrán dos rondas de exposiciones, serán públicas y se desarrollarán en inglés y francés, los idiomas oficiales del Tribunal. Habrá transmisión en vivo a través del sitio del organismo.

Las audiencias comenzarán el martes 10 de noviembre. En horario argentino, la delegación nacional expondrá de 6 a 9 horas y la británica, de 11 a 14 horas. El miércoles 11 de noviembre, la Argentina tendrá su segunda intervención de 6.30 a 8. El Reino Unido expondrá de 13.30 a 15 horas.

El Tribunal puede aceptar la totalidad del pedido, conceder solo algunas medidas provisionales o rechazarlo si considera que no se cumplen las condiciones para intervenir. Un eventual rechazo de la cautelar no cerraría el arbitraje: la Argentina podría volver a solicitar medidas ante ese tribunal una vez constituido.

La decisión sobre esta solicitud se limitará a la protección provisoria de los derechos invocados y las actividades cuestionadas. La audiencia no resolverá la soberanía territorial sobre las islas ni reemplazará la decisión de fondo del tribunal arbitral.

Según la estimación del Gobierno, una orden judicial podría conocerse entre dos y cuatro semanas después de las audiencias.

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