Los legisladores buscan avanzar contra Marta Elba Pascual, quien suspendió por 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil.
La Libertad Avanza bonaerense anunció que impulsará el juicio político contra la jueza Marta Elba Pascual, luego de que la magistrada resolviera suspender durante 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires.
La presentación es impulsada por legisladores libertarios encabezados por Sebastián Pareja, presidente de LLA PBA y mano derecha de Karina Milei, junto a un equipo técnico y político que busca la destitución de la jueza, luego de su decisión sobre la ley que establece la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años.
La denuncia de LLA se complementa con otra que realizó la asociación civil Usina de Justicia contra la magistrada, donde se apunta contra Pascual por los supuestos delitos de usurpación funcional y abuso de autoridad.
“Es una jueza del poder, de la política bonaerense, que piensa exclusivamente en los intereses de lo peor de la política. Está intentando frenar una ley votada democráticamente por el Congreso y que viene a resolver un problema que la sociedad viene reclamando”, sostuvo Pareja sobre la titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N°2 de Lomas de Zamora.
La jueza decidió este lunes “suspender de manera preventiva” en Buenos Aires la Ley 27.801, que había entrado en vigencia nacional el 5 de septiembre, por entender que la provincia no cuenta con “las condiciones edilicias, institucionales y profesionales indispensables para albergar a esta población bajo los estándares que exigen los derechos humanos de la niñez”.
El diputado Pareja rechazó ese argumento: “Siempre van a encontrar una excusa que les permita liberar a los delincuentes”. Y afirmó que “la crisis que atraviesa la provincia de Buenos Aires en términos de seguridad responde justamente a ese modelo”. Para el titular de LLA PBA, “una jueza que actúa como un peón del gobernador no cumple con las características básicas que debe reunir un juez”.
Por su lado, el presidente del bloque de senadores bonaerenses de LLA, Carlos Curestis, calificó el fallo como una decisión que “deja más que en claro de qué lado están: defendiendo al delincuente” y sostuvo: “La Justicia bonaerense lo único que logró con esta decisión es seguir garantizando la impunidad de los delincuentes”.
La jueza Pascual hizo lugar a un hábeas corpus preventivo y colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo, que preside el cura villero Pepe Di Paola. La presentación cuestionó las condiciones en las que se aplicaría el nuevo régimen y puso el foco en la capacidad de los establecimientos destinados a alojar a menores.
A partir de la resolución, la ley que bajó la edad mínima de imputabilidad de 16 a 14 años quedó frenada en el territorio bonaerense hasta que el Poder Ejecutivo provincial informe, en una audiencia fijada para el 16 de septiembre, qué medidas adoptó para adecuar la infraestructura de los centros de detención a los estándares que exige la normativa. La decisión generó una fuerte reacción política y abrió un nuevo capítulo en la discusión por la implementación del régimen.