Confirmaron que se advirtieron movimientos realizados en plataformas digitales. Buscan establecer la trazabilidad para saber a qué período corresponde.
La investigación a Manuel Adorni por enriquecimiento ilícito sumó un nuevo capítulo en las últimas horas, a través del análisis de movimientos financieros realizados a través de plataformas digitales y operaciones con criptomonedas.
En ese marco, el fiscal Gerardo Pollicita solicitó información a distintas firmas vinculadas al sistema financiero virtual, mientras los investigadores revisan la documentación y los reportes que comenzaron a llegar a los tribunales de Comodoro Py.
Algunas de ellas darían cuenta de movimientos, cuyos montos serían “menores” frente a las cifras en efectivo que aparecieron en la causa, dijo una fuente al tanto de la pesquisa, que añadió que la información recibida podría ampliarse eventualmente con un estudio de “trazabilidad”.
Un mes atrás, a pedido del fiscal, el juez Ariel Lijo levantó el secreto bancario, financiero y fiscal del funcionario. La medida alcanzó también a Bettina Angeletti, su pareja, y a la firma AS Innovación Profesional, propiedad de ambos.
Levantado el secreto, Pollicita informó que avanzaría con nuevas medidas: pidió que el Banco Central de la República Argentina reporte —desde el 1° de enero de 2022 hasta la actualidad— la totalidad de las cuentas bancarias, productos financieros, tarjetas, cajas de ahorro, cajas de seguridad, cuentas corrientes, plazos fijos, créditos, préstamos y demás registros existentes o que hubieren existido a nombre de Adorni, Angeletti y la firma MasBe, la consultora de coaching de Angeletti, con el detalle de toda la operatoria que hayan registrado.
También solicitó que se informen posibles vínculos de ellos “con billeteras virtuales o digitales, cuentas de pago, CVU, alias y demás instrumentos o plataformas comprendidos en el régimen del Sistema Nacional de Pagos, individualizando a los proveedores de servicios de pago y a toda otra firma interviniente”.
Hasta ahora, los movimientos de dinero de los que existía algún tipo de constancia en la causa, ya sea por testimonios o por documentación, fueron en dinero físico.
En la última testimonial, el contratista que realizó trabajos para la familia Adorni en dos de sus domicilios, Matías Tabar, sorprendió al relatar que el jefe de Gabinete le pagó por sus servicios un total de 245 mil dólares en efectivo, sin facturar.
Otro de los declarantes, Pablo Martín Feijoo, sostuvo que el acuerdo de compraventa del departamento de Caballito, registrado formalmente en 230 mil dólares, contemplaba un pago adicional de 65 mil dólares, por fuera de la escritura.
Adorni compró el departamento gracias a que las vendedoras, dos mujeres jubiladas, le postergaron más del 85% del pago, sin intereses.
La Justicia -que revisa si el nivel de gastos del funcionario se condice con sus ingresos- tiene registro de varios otros pagos realizados en efectivo por el matrimonio.
Uno de ellos se corresponde con los costos del viaje al Caribe realizado en diciembre de 2024, en el que el funcionario gastó casi US$9000 en efectivo para hospedarse en dos complejos de lujo, de acuerdo a la información que aportó una agencia de viajes.
Otros gastos registrados en la causa son los US$5000 en efectivo destinados al pago de la matrícula de ingreso del country de Indio Cua y otros US$6000 vinculados a un viaje de Bettina Angeletti a Madrid.
La operación de compra de la casa del country se cerró en 120.000 dólares. 20.000 fueron pagados en efectivo, según la información recabada en el expediente, y los 100.000 restantes mediante un préstamo con garantía hipotecaria otorgado por dos mujeres policías.
30.000 dólares de aquel préstamo ya fueron saldados en efectivo, pero el plazo por los 70.000 restantes vence en noviembre.
Ese mismo mes, Adorni debería responder también por los 200.000 dólares cuyo pago le fue postergado por las dos jubiladas en la compraventa del departamento de Caballito.
Por ahora, el jefe de Gabinete ha esquivado dar explicaciones públicas sobre sus gastos o patrimonio, con el argumento de que eso podría ser interpretado como un intento por “obstruir” a la Justicia.