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La disputa entre la Nación y las provincias por los subsidios al transporte público automotor y el conflicto entre el gremio de los choferes y las empresas de colectivos se cruzarán esta semana y posiblemente avanzarán al compás de negociaciones paralelas. Delinearán cómo funcionará la distribución de una caja millonaria durante el año electoral que se avecina, donde los costos políticos de aumentar el boleto pueden ser indeseables para los gobernadores y también para la Casa Rosada.
El capítulo sindical registró esta semana un paro de 48 horas de colectivos en todo el país, salvo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) ni en Río Negro, Chaco y La Rioja, la ciudad bonaerense de Bahía Blanca, donde hubo acuerdo con los empresarios locales. El reclamo es que el mínimo de 100.000 pesos que se acordó para los choferes del AMBA ahora sea trasladado a las demás provincias, tal como fue el acuerdo paritario que ahora deben cumplir las empresas de colectivos del interior.
El conflicto es sólo el emergente de una pulseada estructural que viene empeorando desde 2018, cuando 22 provincias firmaron el pacto fiscal con el entonces presidente Mauricio Macri y aceptaron que el Gobierno deje de subsidiar el transporte automotor a cambio de aumentos en otras partidas. Ese proceso implicó una disminución de los aportes federales y sólo se mantuvo en pie por la pandemia a partir de resoluciones que han llegado a su fin. Ahora se discute dentro del Presupuesto 2023 que esta semana entrará en una etapa decisiva en el tratamiento en comisión dentro de la Cámara de Diputados.
Según el plan de cuentas nacionales que presentó el ministro de Economía, Sergio Massa, la partida para el Fondo Compensador para el transporte del interior será de 66.000 millones de pesos, Implica un 34% de incremento sobre los 46.000 millones de pesos de 2022. Para el AMBA el ministro de Transporte, Alexis Guerrera, anticipó que no girarán más de 124.000 millones de pesos. Los incrementos de las partidas para subsidiar el boleto en el interior está 26 puntos por debajo de la estimación anual del 60% de inflación anual para 2023 que plantea el proyecto enviado por el Ejecutivo.
La ecuación refleja que el año que viene se seguirá reproduciendo una desigual distribución de los subsidios estatales para el transporte público. El 69% de los fondos van a parar al AMBA y el 31% restante a todas las demás provincias del país. Esa disparidad es la base de las tensiones que tienen los gobernadores con la Casa Rosada, con una frazada corta que se achica con la inflación y se pone muy tirante a la hora de debatir salarios luego de un año donde los principales sindicatos están reclamando aumentos del 100% promedio. En el caso del conflicto en desarrollo, el reclamo apunta a una equiparación de las escalas salariales que se pagan en el AMBA, pero las empresas sostienen que las provincias no reciben la misma cantidad de subsidios.
El tironeo seguirá escalando durante la próxima semana. El viernes pasado no hubo una definición en la audiencia convocada por el Ministerio de Trabajo. Fue durante el primer día de Raquel "Kelly" Olmos como jefa de la cartera laboral y luego de los desacuerdos pasó para el próximo martes, aunque es posible que haya más medidas de fuerza.
Mientras continúa la pulseada salarial en Diputados continuará el debate del Presupuesto 2023 y los representantes de distintas provincias ya hicieron sentir su malestar por la distribución desigual del subsidio. La semana pasada cuando Guerrera asistió a explicar el proyecto reconoció el impacto negativo que tiene para los usuarios del resto del país saber la tarifa que se paga en el AMBA, pero remarcó que así como en distintas provincias usan solo un colectivo para ir a trabajar o estudiar, en la Capital y el conurbano el promedio de transportes usados para llegar a un destino es de 2,5 veces.
Mientras que la tarifa mínima en el AMBA es de 35 pesos, en Rosario, Córdoba y Santa Fe llega a los 85 pesos. En Río Negro vale 80 pesos pero en Bariloche sube a los 96 pesos. En el norte la dinámica de las tarifas es similar y los boletos varían de los 65 pesos en Tucumán a los 70 que pasarán a costar desde la semana próxima.
Todos los indicios que se escucharon hasta ahora en la Comisión de Presupuesto sugieren que habrá mas aumentos porque las partidas de subsidios son sensiblemente menores que el aumento de la inflación. Las ecuaciones de cada distrito son distintos y hay aportes de los estados municipales y provinciales, pero Guerrera ya anticipó que habrá que equilibrar la merma en los aportes federales con "adecuaciones" de tarifas, como la que ya fue anunciada para diciembre de un 40% para el AMBA.
El tema va a reaparecer con mucha fuerza esta semana en Diputados. El santafesino Roberto Mirabella integra la bancada del Frente de Todos y responde al gobernador Omar Perotti. El jueves anticipó que propondrá una formulación distinta para la distribución de los subsidios y buscará incidir en una negociación que se estaría desarrollando entre los gobernadores y la cartera de Transporte.
El intercambio no sólo tiene que ver con las partidas del año que viene, sino las que faltan para cubrir lo que resta de este año. Hay un proyecto de ley que tiene dictamen de la comisión de Transporte para declarar la emergencia del sistema de colectivos de todas las provincias, salvo el AMBA, que eleve las partidas de este año de 46.000 a 59.500 millones de pesos y que defina a la tarjeta SUBE como el requisito clave que debe cumplir cada provincia si quiere seguir recibiendo subsidios de origen federal. Está frenado hace dos meses y seguirá así porque debe pasar por la Comisión de Presupuesto, que ahora está enfocada en el diseño de las cuentas para el año que viene.
En los tironeos para financiar lo que resta del año se está jugando el monto que podría destrabar el conflicto sindical. La cifra de la discordia rondaría los 20.000 millones de pesos para cerrar este año con menos conflictividad, una cifra que la Nación no quiere entregar porque apela a nuevos aumentos de tarifas y también especula con que las provincias aumenten sus desembolsos para subsidiar el boleto, una instancia que los gobernadores consideran inaceptable.