Quiénes son las cinco peligrosas bandas criminales que Argentina declaró como terroristas

Según el Ejecutivo, la decisión se enmarca en una estrategia de lucha contra el crimen organizado.

Los Tiguerones son la banda criminal que opera, principalmente, en Esmeraldas y tiene entre 4.000 y 5.000 miembros.

El Gobierno argentino declaró organizaciones terroristas a cinco grupos criminales y guerrilleros de México, Colombia y Ecuador, en una decisión que amplía las medidas contra estas estructuras y refuerza los mecanismos de control sobre sus actividades y posibles vínculos con el financiamiento del terrorismo.

La disposición fue formalizada a través de una resolución conjunta de los ministerios de Seguridad y de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, y publicada este jueves en el Boletín Oficial.

Según el Ejecutivo, la decisión se enmarca en una estrategia de lucha contra el crimen organizado transnacional, busca reforzar las herramientas del Estado para prevenir y combatir las actividades vinculadas al terrorismo y su financiamiento.

La medida alcanza al Cártel de Sinaloa, La Nueva Familia Michoacana, las FARC-EP, el ELN y Los Tiguerones, que fueron incorporados al Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET).

La resolución dispone la inscripción de los cinco grupos en el RePET, de acuerdo con los requisitos establecidos en el artículo 25, inciso d, del Decreto 918/12 y sus modificatorios.

En el caso de Los Tiguerones, la medida incluye también a las facciones conocidas como Los Fénix y Los Igualitos. El Gobierno señaló que la organización se especializa en actividades de narcotráfico y sicariato, que surgió de una división de Los Choneros en 2020.

Respecto de las FARC-EP, la declaración comprende al Grupo Armado Organizado Residual FARC-EP (GAO-R FARC-EP) y al Estado Mayor Central (EMC), junto con sus distintas denominaciones, bloques y frentes, incluido el Frente 18.

La nómina se completa con el Cártel de Sinaloa, una organización criminal mexicana vinculada al narcotráfico, el contrabando y los secuestros extorsivos, y La Nueva Familia Michoacana, a la que el Ejecutivo atribuye actividades de tráfico internacional de drogas y minería ilegal.

El quinto grupo alcanzado es el ELN, una organización insurgente colombiana que el Gobierno incluyó en la medida por su actividad armada y su capacidad operativa regional.

Los argumentos del Gobierno

De acuerdo con el comunicado oficial, la decisión fue coordinada entre los ministerios de Seguridad, Relaciones Exteriores y Justicia, junto con la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE).

Sobre el Cártel de Sinaloa, el Ejecutivo sostuvo que se trata de una organización criminal transnacional dedicada a distintas actividades ilícitas y destacó que ya fue designada como terrorista por varios países, entre ellos Estados Unidos.

En relación con La Nueva Familia Michoacana, señaló su participación en el tráfico internacional de drogas y la minería ilegal, además de advertir sobre su expansión regional.

En cuanto a las FARC-EP y el ELN, la Oficina del Presidente las describió como organizaciones insurgentes con ideología marxista-leninista y antecedentes de lucha armada. El comunicado también vinculó su capacidad operativa y sus redes regionales con posibles riesgos para la seguridad argentina.

Según la posición oficial, la presencia de estructuras criminales con alcance internacional representa una amenaza que excede las fronteras de los países donde operan y requiere mecanismos de cooperación y prevención.

Qué implica la inscripción en el RePET

El RePET (Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento) es una herramienta del Estado argentino destinada a identificar a personas y organizaciones alcanzadas por medidas vinculadas al terrorismo y a la financiación de esas actividades.

La incorporación de estos cinco grupos formaliza la decisión del Gobierno de reconocerlos bajo esa categoría dentro del marco normativo argentino.

La resolución se suma a otras medidas adoptadas por la administración nacional para ampliar las herramientas de seguridad frente a organizaciones criminales transnacionales y fortalecer la cooperación internacional en esa materia.

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