La Justicia perita notebooks y celulares del segundo adolescente detenido. Buscan conexiones con la 'True Crime Community'. De qué se trata.
La investigación por la tragedia en San Cristóbal sumó nuevos procedimientos en las últimas horas, con allanamientos en domicilios vinculados al segundo menor detenido por la tragedia en la escuela de Santa Fe. Secuestraron celulares y notebooks. A la vez se sigue el rastro de una comunidad virtual que promueve la violencia y podría estar vinculada al hecho.
La investigación dejó de centrarse exclusivamente en el autor de los disparos y ahora apunta a un adolescente de 16 años que, según los investigadores, podría haber tenido un rol más relevante del que se creía. Por el momento, no se descarta que haya actuado como cómplice, encubridor o incluso como posible instigador.
El mediodía del lunes fue interceptado en ruta 11, a la altura de Nelson, cuando se movía en una camioneta con familiares. Para algunos en la causa, ese traslado tenía un objetivo claro: alejarse antes de que el cerco se cerrara.
Ahora, su situación pende de un hilo. En cuestión de horas, la Justicia deberá empezar a definir cómo encuadrarlo. Por lo pronto, la figura de encubrimiento es apenas un punto de partida, una etiqueta provisoria que podría mutar si las pruebas cuentan otra historia.
En ese contexto se realizaron los allanamientos. Los operativos apuntaron a las viviendas de sus padres, que viven por separado. Los investigadores no buscaban armas ni pruebas físicas visibles, sino otro tipo de indicios: rastros digitales.
Celulares, notebooks y otros dispositivos que puedan aportar datos sobre comunicaciones, vínculos y posibles motivaciones.
Porque la causa, con el correr de los días, empezó a correrse del mapa. Lo que parecía un hecho acotado a una ciudad del interior santafesino comenzó a mostrar conexiones inesperadas. Nombres, intercambios, vínculos que no se detienen en los límites provinciales. Se habrían detectado contactos en otras provincias e incluso en países vecinos.
En ese tablero apareció una referencia inquietante: la llamada “True Crime Community”. No es una organización en el sentido clásico, ni responde a consignas políticas. Es, más bien, un ecosistema digital donde la violencia deja de ser un hecho condenable para convertirse en objeto de fascinación.
Un informe oficial la describe como una red donde los crímenes se consumen, se reinterpretan y, en ciertos casos, se celebran. Los agresores son elevados a una categoría casi simbólica, y los ataques se transforman en relatos que circulan, se amplifican y generan un efecto de réplica.
Los especialistas advierten que este tipo de dinámicas no necesita estructuras rígidas para funcionar. Se alimenta de códigos compartidos, de referencias culturales, de una narrativa que puede empujar a algunos a cruzar el límite entre la observación y la acción.
El dato que más inquieta no es solo el fenómeno en sí, sino quiénes lo habitan. Mayoritariamente adolescentes. Jóvenes que muchas veces arrastran historias de aislamiento, dificultades para encajar o vínculos frágiles con su entorno. En ese terreno, el consumo intensivo de contenido digital actúa como catalizador.
Con los dispositivos incautados ya en manos de los peritos, la causa ingresa en una instancia clave. Los investigadores no solo buscan determinar responsabilidades individuales, sino también establecer si el hecho responde a una dinámica que excede una acción aislada.
De confirmarse esa hipótesis, el episodio dejaría de ser un caso puntual para inscribirse en un fenómeno más amplio, de mayor complejidad y difícil de abordar.
Un nuevo caso de violencia escolar encendió las alarmas en la provincia de Santa Fe. En las últimas horas, un alumno llevó a la escuela un arma de aire comprimido escondida en una mochila.
El hecho fue detectado por una docente, que dio aviso a la Policía.
Tras conocerse el preocupante hecho, el menor manifestó que el día anterior había salido a cazar junto a su padre y que olvidó el arma dentro de su mochila al asistir a clases.
Tras el episodio, se dio intervención a la Secretaría de la Niñez, desde donde se dispuso la entrega del menor a su progenitor. En paralelo se ordenó a la Policía de Investigaciones (PDI) el levantamiento y secuestro del arma, en el marco de las actuaciones judiciales.