El Gobierno argentino incluyó a operadoras, accionistas y proveedores vinculados con proyectos de hidrocarburos en las islas.
El Gobierno de Javier Milei publicó un listado de 45 personas y empresas sancionadas por su participación directa o indirecta en actividades vinculadas con la exploración y explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas, bajo administración británica. La medida alcanza a compañías, accionistas, ejecutivos y proveedores de distintos países.
El listado elaborado por la Secretaría de Energía y la Cancillería incluye a empresas que el Estado argentino considera “ilegítimas licenciatarias”, debido a que desarrollan actividades hidrocarburíferas en las islas sin autorización argentina y en un territorio cuya soberanía es reclamada por el país.
Entre las principales firmas alcanzadas aparecen Navitas Petroleum Development and Production Limited, Navitas Petroleum Atlantic Limited, Rockhopper Exploration (Hydrocarbons) Limited, Rockhopper Exploration (Oil) Limited, JHI Associates Inc., JHI Falklands Inc. y Borders & Southern Falkland Islands Limited.
También fueron incluidos accionistas y fondos de inversión vinculados con esas compañías, entre ellos firmas de Israel, Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, Suecia, Dinamarca, Sudáfrica, Kazajistán y los Países Bajos.
El listado contempla además a Noble Corporation, señalada como proveedor estratégico de infraestructura, y a empresas como Fugro NV, dedicada a la prestación de servicios, y Netherland, Sewell & Associates (NSAI), identificada como analista y asesora corporativa.
Las medidas establecen restricciones para que las personas y compañías alcanzadas puedan operar en la Argentina, acceder a permisos energéticos, participar de licitaciones o mantener determinados vínculos comerciales y financieros con empresas locales.
En el caso de las personas físicas, también se contemplan impedimentos para ingresar al territorio argentino.
Según el Gobierno, el objetivo es desincentivar la explotación unilateral de los recursos naturales en el área de las Islas Malvinas y avanzar en la protección de los intereses estratégicos argentinos en el Atlántico Sur.
Entre los sancionados figuran:
La publicación se conoció pocos días después de la cadena nacional en la que Milei reafirmó el reclamo argentino sobre las Islas Malvinas y anticipó nuevas medidas destinadas a proteger los intereses del país en el Atlántico Sur.
La decisión se suma a la estrategia del Gobierno en torno a la disputa de soberanía, que incluye acciones diplomáticas y reclamos ante organismos internacionales.
Hasta el momento, el Gobierno británico no había emitido una respuesta oficial inmediata. Desde el Reino Unido, sin embargo, medios locales señalaron que las compañías alcanzadas continuarían operando bajo la legislación de las islas y que Londres considera legítimas las actividades de exploración desarrolladas en el área.
La medida podría generar nuevas tensiones entre Argentina y el Reino Unido, en un escenario en el que la explotación de recursos naturales en las aguas circundantes a las Malvinas constituye uno de los principales puntos de conflicto vinculados con la disputa de soberanía.