La mujer realizó la denuncia tras una intervención ginecológica, pero el tribunal rechazó la demanda contra médicos y una clínica privada. Los motivos.
Un quiste en el ovario derecho, una cirugía laparoscópica considerada rutinaria, dolores que no cedían, estudios que no encontraban respuestas y meses de consultas médicas terminaron con un dramático episodio para una mujer, a quien le extirparon un riñón en lo que debía ser una intervención ginecológica.
Este grave hecho quedó en el centro de una causa por presunta mala praxis médica que fue presentada en el Juzgado en lo Civil y Comercial Nº 1 de Morón, y que tuvo un fallo inesperado para la demandante: la Justicia rechazó la demanda contra los médicos y la clínica privada involucrada.
La mujer sostenía que todo comenzó durante una intervención ginecológica realizada en enero de 2016 y según preciso, una lesión producida en ese procedimiento derivó, meses más tarde, en la pérdida definitiva de un riñón.
Pero el tribunal entendió que pese al daño sufrido, no pudo demostrarse de manera concreta que existiera una conducta negligente atribuible a los profesionales demandados.
La paciente había realizado una consulta médica en septiembre de 2015, después que le detectaran un quiste ovárico. Tras distintos estudios, los médicos decidieron avanzar con una cirugía laparoscópica para removerlo.
La operación se realizó el 22 de enero de 2016. Según consta en el expediente, poco después comenzaron las complicaciones. La mujer declaró que sufría dolores intensos, vómitos y un deterioro físico constante. Volvió varias veces a controles médicos, se sometió a tomografías, ecografías y análisis clínicos, pero el cuadro seguía sin explicación clara.
En una segunda internación llegaron incluso a extraerle varios litros de líquido acumulado en la cavidad abdominal. Nada alcanzaba para identificar el origen real del problema. La situación se extendió durante meses y derivó en consultas con especialistas de distintas áreas, dentro y fuera de la clínica donde había sido operada.
Recién tiempo después, un urólogo externo detectó una lesión en el uréter derecho. Para entonces, el riñón ya funcionaba de manera deficiente. En diciembre de 2016 los médicos decidieron avanzar con la nefrectomía, es decir, la extirpación completa del órgano.
La demanda apuntó directamente contra dos médicos y contra la institución privada donde se realizó la cirugía. La mujer reclamó una indemnización económica y sostuvo que existieron errores durante la intervención y también demoras posteriores en el diagnóstico.
Del otro lado, los profesionales rechazaron las acusaciones y argumentaron que las complicaciones sufridas forman parte de los riesgos posibles en este tipo de cirugías ginecológicas complejas.
Uno de los datos más fuertes del expediente fue la confirmación de una incapacidad física parcial y permanente equivalente al 42% de la totalidad, vinculada a la pérdida del riñón y las secuelas abdominales.
Sin embargo, la pericia no logró identificar qué profesional concreto habría actuado con negligencia. Y ahí apareció el punto que terminó inclinando el fallo.
El juez sostuvo que en casos de mala praxis no alcanza solamente con probar que existió un daño grave. También debe acreditarse una relación directa entre ese daño y una conducta imprudente o negligente específica. Según la resolución, eso no pudo demostrarse en este expediente.
El tribunal remarcó además que la paciente fue atendida por al menos diez profesionales distintos durante todo el proceso médico y que solo dos fueron demandados judicialmente. Otro elemento considerado relevante fue que los estudios que finalmente permitieron detectar la lesión ureteral fueron ordenados por especialistas ajenos a los demandados.
La sentencia de la Justicia también señaló que la pericia médica no logró precisar en qué momento exacto debió actuarse de otra manera para evitar la pérdida renal. Con ese escenario, la Justicia descartó responsabilidad civil de los médicos, de la clínica y también de las aseguradoras involucradas.