El comisario inspector Juan Gatica debía presentarse a cumplir una condena de 4 años de prisión por encubrimiento del crimen de Blas en 2020.
A seis años del crimen de Blas Correas en Córdoba, el comisario Juan Gatica sentenciado por encubrir su asesinato, se dio a la fuga. La madre de la víctima, Soledad Laciar, expresó en sus redes sociales que hace responsable al Gobierno y la Justicia si algo le sucede.
Laciar confirmó que todo comenzó cuando la Corte confirmó el fallo de 2023 que lo condenó a cuatro años de prisión por el delito de encubrimiento por omisión de denuncia: "Su defensa presentó un recurso al que no dieron lugar, por lo tanto, se tenía que presentar para cumplir condena".
Tras quedar firme la resolución judicial el pasado 27 de abril, debía presentarse para comenzar a cumplir la pena, pero el comisario inspector Gatica nunca apareció.
Frente a este escenario, la Cámara 8ª del Crimen de Córdoba ordenó su detención y, al no poder ubicarlo, emitió un pedido de captura. En paralelo, el tribunal solicitó imágenes actualizadas del exjefe policial para difundirlas en medios de comunicación y reforzar su búsqueda.
El abogado de Gatica, Jorge Sánchez del Bianco, reconoció públicamente que perdió contacto con su defendido desde aquella fecha. Ante la falta de novedades, el tribunal resolvió emitir una orden de captura y declararlo oficialmente prófugo.
En diálogo con La Voz, el abogado confirmó que, antes de emprender un viaje familiar al extranjero, le habló a su asistido y le pidió despedirse de sus padres en Villa Dolores, para luego presentarse ante la fiscalía para ser encarcelado. Aún así, eso nunca se concretó y Gatica se dio a la fuga.
La condena contra Gatica forma parte de las penas impuestas en el juicio por el crimen de Blas Correas, ocurrido en agosto de 2020 en la ciudad de Córdoba. En ese proceso judicial, varios policías fueron hallados responsables de maniobras de encubrimiento posteriores al ataque que terminó con la muerte del adolescente.
El joven fue asesinado por efectivos policiales durante un control en la ciudad capital y posteriormente se intentó encubrir lo sucedido. Blas viajaba junto a cuatro amigos en un Fiat Argo cuando policías abrieron fuego contra el auto sobre avenida Vélez Sársfield, frente al complejo Pablo Pizzurno. Uno de los disparos impactó en la espalda del adolescente y le causó la muerte.
Después de los tiros, los chicos buscaron desesperadamente ayuda médica, pero atravesaron una cadena de negligencias. Primero, en una clínica privada no los asistieron y luego fueron frenados por otros policías que tampoco auxiliaron al joven mientras agonizaba.
Entre otras maniobras, se plantó un arma en la Plaza de las Américas para intentar instalar la versión de un supuesto enfrentamiento armado y responsabilizar a las víctimas.
En total, once policías fueron condenados por distintos delitos vinculados al caso. Los oficiales Lucas Damián Gómez y Javier Catriel Alarcón recibieron prisión perpetua por haber efectuado los disparos que terminaron con la vida del adolescente. Otros agentes fueron condenados por encubrimiento, abandono de persona y distintas irregularidades cometidas después del hecho.
La sentencia judicial reconoció además la violencia institucional sufrida por Blas y por su familia, que desde entonces mantiene un fuerte reclamo de justicia y seguimiento permanente sobre el cumplimiento efectivo de las condenas.