Registros oficiales exponen varios inmuebles que no figuran en sus declaraciones ante organismos argentinos. En cuánto están valuadas y qué explicación dio.
El gobierno de Javier Milei suma un nuevo escándalo sobre corrupción por parte de un funcionario. El secretario de Coordinación de Infraestructura del Ministerio de Economía de la Nación, Carlos Frugoni, quedó bajo la lupa pública tras conocerse la existencia de varias propiedades en Estados Unidos que no figuran en sus registros oficiales ante organismos argentinos.
La información parte de una investigación del periodista Hugo Alconada Mon, de La Nación, y surge de documentación inmobiliaria y societaria relevada en ese país. A Frugoni se le atribuye haber omitido en su declaración jurada de bienes siete departamentos de lujo en Miami.
Según esos registros, el funcionario tendría varios inmuebles en el estado de Florida que no fueron declarados ante la Oficina Anticorrupción ni ante el organismo recaudador. A ese número se suman otras unidades mencionadas en investigaciones periodísticas.
Por su parte, el periodista Nicolás Wiñazki, reveló que habló con el funcionario involucrado: "Es todo verdad. Cometí un error", contó Wiñazki que le confirmó Frugoni y dijo que le pidió que aclare que "él estaba rectificando su declaración jurada e incluso su declaración ante la AFIP porque en los Estados Unidos pagó impuestos por estos siete departamentos".
En las últimas horas se conoció que parte de esos inmuebles aparece vinculada a dos sociedades de responsabilidad limitada constituidas en el estado de Delaware, una jurisdicción conocida por el bajo nivel de transparencia en la información societaria.
Las firmas, identificadas como Genova LLC y Waki LLC, se habrían utilizado como vehículos para adquirir y administrar departamentos en Florida.
Los valores de estas propiedades oscilan entre los 140.000 y los 310.000 dólares, según las valuaciones registradas. Cinco de ellas se ubican en el condado de Palm Beach, en el sur de ese estado, y figuran en registros oficiales consultados por medios argentinos.
La documentación indica que Frugoni tendría control sobre estas sociedades, lo que lo ubicaría como beneficiario final de los inmuebles. Este punto resulta clave para determinar si corresponde su inclusión en las declaraciones juradas exigidas por la legislación argentina.
Entre las propiedades identificadas figuran departamentos en distintas localidades del condado de Palm Beach, con valuaciones fiscales que van desde los 187.000 hasta los 216.000 dólares. También se detectó un inmueble en South Palm Beach y otro en Delray Beach.
Uno de los datos que llamó la atención de los investigadores es el domicilio postal asociado a una de las propiedades. En ese registro figura una dirección en la provincia de Buenos Aires que coincide con la sede de un club deportivo, lo que genera interrogantes sobre su utilización administrativa.
El caso más concreto aparece en un departamento adquirido en 2021 en Delray Beach, donde el funcionario figura como titular directo. La unidad cuenta con tres ambientes y dos baños, y su valor de mercado supera los 300.000 dólares según estimaciones de portales inmobiliarios.
La legislación argentina establece que los funcionarios deben presentar declaraciones juradas anuales que incluyan todos sus bienes en el país y en el exterior, así como participaciones en sociedades. La omisión de estos datos puede derivar en sanciones penales.
En este caso, la falta de inclusión de los inmuebles en las declaraciones abre la puerta a posibles investigaciones por omisión maliciosa, un delito que contempla penas de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos.
El caso de del funcionario de Economía se suma a otros antecedentes recientes en los que funcionarios fueron cuestionados por situaciones similares. En esos expedientes también se investigaron posibles irregularidades en la declaración de bienes y el uso de estructuras societarias en el exterior.
Por el momento, la información surge de registros y relevamientos periodísticos, mientras se espera si las autoridades avanzan con medidas formales para determinar responsabilidades. El eje de la discusión gira en torno a un punto central: la obligación de transparencia patrimonial en el ejercicio de la función pública y el alcance de los controles sobre los bienes en el exterior.