La información que dio el hombre, permitió cerrar uno de los operativos más intensos del país. Pasaron diez años y sigue esperando una respuesta.
A diez años de uno de los operativos policiales más recordados del país, Martín Franco, peón rural que trabajaba en una arrocera de Cayastá en enero de 2016, denunció que nunca cobró la recompensa millonaria que habían prometido a quienes aportaran datos decisivos para capturar a los prófugos del triple crimen de General Rodríguez.
Fue su información la que permitió cerrar la extensa fuga de Víctor Schillaci y los hermanos Martín Lanatta y Cristian Lanatta, detenidos por el multiple asesinato, quienes se habían escapado del penal de General Alvear a fines de 2015.
Franco asegura que cumplió con todos los requisitos formales para reclamar los $2.000.000 anunciados en ese momento. Sin embargo, según su testimonio, nunca recibió una respuesta oficial, pese al paso de los años y a la relevancia de su aporte. La situación lo encuentra hoy en una realidad laboral precaria, lejos del reconocimiento que esperaba tras colaborar con uno de los casos policiales más resonantes de la última década.
La fuga de los condenados por el triple crimen mantuvo en vilo al país durante más de dos semanas. Tras abandonar la provincia de Buenos Aires, los prófugos se movieron por distintos puntos de Santa Fe, alternando escondites rurales y viviendas urbanas, siempre bajo un fuerte despliegue de fuerzas federales y provinciales.
En ese contexto, la arrocera donde trabajaba Martín Franco, en la zona de Cayastá, se convirtió en un punto decisivo. Franco fue quien alertó a la policía sobre movimientos sospechosos y facilitó información concreta que permitió ubicar a los fugitivos. El operativo final se concretó el 11 de enero de 2016, cuando las fuerzas de seguridad rodearon el predio y lograron detener a los prófugos, poniendo fin a quince días de clandestinidad.
“Donde yo trabajaba fue el último lugar de la fuga”, repite Franco al recordar aquellos días. Convencido de que su aporte encuadraba dentro de lo exigido por la recompensa oficial, inició trámites y consultas. El resultado siempre fue el mismo: silencio.
La provincia de Buenos Aires había anunciado una recompensa de $2.000.000 para quien aportara información fehaciente que derivara en la captura de los prófugos. Franco afirma que presentó su reclamo en tiempo y forma, respaldado por su rol en el operativo. Según su relato, otros trabajadores rurales de la zona también aportaron datos y realizaron gestiones similares.
“No cobré yo ni, que yo sepa, nadie más”, sostiene. Para el peón rural, la falta de noticias consolidó una sensación amarga. “Creo que la recompensa fue un verso”, resume, con una mezcla de frustración y resignación. El paso de una década sin respuestas reforzó la idea de que el anuncio nunca se tradujo en un pago efectivo para quienes colaboraron desde el terreno.
La ausencia de información oficial sobre el destino de la recompensa dejó el tema en una zona gris. No existen registros públicos que confirmen pagos a vecinos o trabajadores rurales de Cayastá y zonas cercanas, pese a que el operativo se resolvió gracias a datos locales.
Lejos del impacto mediático de aquellos días, la vida de Martín Franco siguió otro rumbo. Con 44 años, radicado en Helvecia, mantiene a su familia —su pareja y dos hijos— con trabajos temporarios. Tras ser despedido de la arrocera, encadenó empleos ocasionales y tareas como jornalero.
“Busco un trabajo fijo, algo que me permita despegar”, explica. La recompensa, de haber llegado, habría significado un punto de inflexión, una posibilidad concreta de estabilidad económica. En cambio, el reconocimiento quedó limitado al recuerdo de haber colaborado con un hecho histórico.
Mientras, los Lanatta y Schillaci enfrentaron múltiples juicios por los delitos cometidos durante la fuga. Recibieron condenas por evasión, toma de rehenes, enfrentamientos armados y privación ilegítima de la libertad. El recorrido judicial se cerró en 2020, con sentencias firmes que consolidaron su responsabilidad penal.