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El fiscal federal Diego Luciani apeló este lunes la condena a seis años de prisión impuesta a Cristina Kirchner por fraude en el caso Vialidad y volvió a solicitar que se amplíe para que la vicepresidenta también sea condenada por el delito de asociación ilícita.
El escrito de 528 páginas también busca revisar la absolución que recibieron los exfuncionarios kirchneristas Julio de Vido y Abel Fatala en el juicio, según informaron fuentes judiciales a La Nación.
Luciani había pedido una condena en la causa para de Vido y Fatala en la que se constataron irregulares en la cesión de obras públicas en Santa Cruz. Las apelaciones deberán ser analizadas por la Cámara Federal de Casación Penal.
Poco más de un mes después de que los jueces difundieron los fundamentos por los que consideraron que la vicepresidenta es responsable del delito de defraudación contra la administración pública, el fiscal federal apela la decisión y reclama que a Kirchner también se la condene por asociación ilícita, tal como lo había solicitado en sus exposición final durante el juicio
El tribunal que condenó a la vicepresidenta a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos entendió que la maniobra criminal por la cual se otorgaron obras públicas sin control al empresario Lázaro Báez tenía como objetivo asegurar el beneficio económico de Néstor Kirchner y de la vicepresidenta, y que el delito perjudicó al Estado en 84.335 millones de pesos.
De esa forma, dio por probado que ambos tenían negocios juntos, propiedades, alquileres y que se deba una transferencia de dinero entre el patrimonio de Báez, abultado merced a la obra pública y el de la familia presidencial. Tanto creció la fortuna de Báez que pasó de declarar en 2002, unos 333.28 dólares, a declarar en 2014, un total de 16.065.176 dólares, es decir un 4720 % más.
Los jueces difundieron en marzo pasado las 1.616 páginas de los fundamentos en una extensa sentencia, en la que explicaron las razones por las cuales consideraron que la vicepresidenta es responsable del delito de defraudación contra la administración pública por favorecer a Báez en las licitaciones de obras públicas en Santa Cruz.
Los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso notificaron a la fiscalía a cargo de Diego Luciani y Sergio Mola, y a los abogados de los acusados, subiendo el documento a la plataforma digital donde se vuelca el expediente.