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En una decisión sin precedentes, la vicepresidenta despidió a tres empleados de la Cámara alta por ausencias injustificadas.
En un movimiento sin precedentes, la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel,decidió rescindir los contratos de tres empleados de la Cámara alta debido a sus ausencias injustificadas. Las resoluciones, fechadas el 12 de enero y firmadas por la secretaria administrativa, María Laura Izzo, exponen casos de empleados que no cumplieron con sus responsabilidades laborales.
En el contexto de la resolución 105/24 de la Secretaría Administrativa, se detalla el despido de un trabajador de la Dirección de Seguridad y Control, quien acumuló 21 inasistencias injustificadas en los últimos 12 meses. El documento incluye la notificación al empleado para regularizar su situación bajo apercibimiento de ley.
Otro caso, mencionado en la resolución 106/24, revela la terminación del empleo de una trabajadora del Departamento de Mantenimiento Operativo que se ausentó por motivos de salud sin justificación médica en varias ocasiones. La empleada fue notificada de las 16 inasistencias injustificadas en los últimos 12 meses y se le instó a regularizar su situación.
En un tercer caso, el empleado en cuestión acumuló más de cinco faltas consecutivas, lo que abre la posibilidad de cesantía. Las medidas adoptadas por Villarruel reflejan su compromiso con la eficiencia y el cumplimiento de las responsabilidades laborales en la Cámara alta.
Sin embargo, la resolución 112/24 también arroja luz sobre una situación peculiar, ya que revela la desactivación de la planta permanente de un empleado que obtuvo su estabilidad laboral tres días después de las elecciones generales del 25 de octubre pasado. Este caso apunta a posibles irregularidades en la formalización de la planta permanente.
Estos despidos se producen en medio de un debate sobre el presentismo en el ámbito estatal y se suman a las recientes medidas tomadas en la Cámara de Diputados, donde se ha eliminado una normativa que eximía del control de presentismo a ciertos cargos jerárquicos. La medida, que entrará en vigencia el 1 de febrero de 2024, generó diversas reacciones entre los empleados del Palacio Legislativo.