El Tribunal Supremo ha fallado contra el gobierno británico y ha forzado una votación del brexit en el Parlamento. La premier Theresa May, que pretendía invocar directamente el Artículo 50 del Tratado de Lisboa tras la victoria alegando que tenía el “mandato” del pueblo británico, se verá obligada a presentar una ley en la Cámara de los Comunes para poder dar el pistoletazo de salida de la UE.
Por ocho votos a favor y tres en contra, los 11 jueces del Supremo han puesto fin a la disputa legal alegando que el Gobierno está obligado someter el brexit a un voto en Westminster. El presidente del Tribunal, David Neuberger, ha recalcado que aunque el Gobierno tiene la facultad de ejercer directamente la “prerrogativa real” para cambiar los tratados internacionales, en este caso la salida de la UE afecta a “los derechos de los británicos” y por esa razón está obligado a contar con la aprobación parlamentaria. El Supremo ha dado, sin embargo, parcialmente la razón al Gobierno en otro punto polémico: Theresa May no necesitará contar con el consentimiento de las Asambleas de Escocia, Irlanda del Norte y Gales para poder activar el Artículo 50. De haber requerido también ese trámite, el calendario para las negociaciones previsto por May habría saltado por los aires.
La batalla legal llega así a su fin al cabo de cuatro meses cargados de incertidumbre y de máxima tensión entre el Gobierno y el poder judicial. Los medios conservadores llegaron a calificar a los jueces como “enemigos del pueblo”. “Hemos llegado hasta aquí porque la ley de referéndum fue aprobada a toda prisa y no podemos caer en el mismo error”, ha dicho Gina Miller, ejecutiva de la City que llevó al Gobierno a los tribunales.