El hecho se está ventilando en un juicio que se lleva a cabo en esa provincia. Habría ocurrido a finales de mayo pasado. Los presos siguen detenidos.
Una insólita acusación sacude a la policía de La Pampa, donde un oficial inspector enfrenta un juicio por presuntamente haber utilizado a seis detenidos bajo su custodia para trabajar en su propia fiesta de casamiento. Los hechos, que salieron a la luz pública durante el proceso judicial, detallan cómo los reclusos habrían sido liberados temporalmente de la subcomisaría para desempeñarse como asadores y mozos en el evento nupcial, en un intento por reducir costos.
El incidente, que se remonta al 31 de mayo de 2024 en la localidad de Lonquimay, ha generado un fuerte debate sobre el abuso de autoridad y la seguridad en el sistema penitenciario local. Según la acusación formal, los seis prisioneros habrían caminado sin supervisión desde la dependencia policial hasta un salón de fiestas ubicado a solo una cuadra de distancia. Allí, se encargaron de preparar el asado principal, servir a los invitados y, una vez finalizada la celebración, realizaron las tareas de limpieza antes de retornar por sus propios medios a sus celdas.
El fiscal general Guillermo Sancho fue quien confirmó los detalles de la grave imputación contra el oficial Cristian Martín Galván. La hipótesis central de la fiscalía es que Galván recurrió a esta medida para evitar los gastos que implicaría la contratación de un servicio de catering profesional, poniendo en riesgo la seguridad pública y el cumplimiento de sus deberes como funcionario.
Durante las audiencias del juicio, según lo publicado por Infobae, la versión de los hechos se fue consolidando a medida que algunos de los detenidos involucrados brindaron su testimonio. Inicialmente, algunos de ellos negaron su participación en el festejo, posiblemente por temor a represalias. Sin embargo, con el avance del proceso, terminaron admitiendo su presencia y sus roles específicos en la celebración. Uno de los testimonios más contundentes fue el de un recluso que afirmó haber sido el encargado directo de asar el cordero para los invitados.
La fiscalía ha sostenido firmemente que las acciones de Galván constituyen una flagrante violación de sus deberes como servidor público. El argumento principal se centra en la liberación no autorizada de individuos privados de su libertad, lo que representó un riesgo significativo de fuga. El fiscal Sancho subrayó la "suerte" del oficial inspector de que ninguno de los detenidos aprovechara la situación para escapar, lo que podría haber tenido consecuencias mucho más graves para la seguridad de la comunidad.
Por su parte, Galván, en su defensa, ha atribuido la acusación a una supuesta disputa interna dentro de la fuerza policial. Ha sugerido que la denuncia podría ser el resultado de rencillas o envidias profesionales, intentando desviar la atención de las pruebas presentadas por la fiscalía. Los familiares del oficial inspector y su esposa también salieron en su defensa, negando la versión de los detenidos y asegurando que fueron otras personas quienes sirvieron en la fiesta.
El juicio ha llegado a su etapa final. Se espera que la sentencia sea dictada el próximo 28 de julio. El fiscal general ha solicitado una pena de prisión condicional de un año y tres meses para el jefe de la subcomisaría de Lonquimay, además de una inhabilitación para ejercer cargos públicos por un período que duplica la duración de la condena de prisión. Por su parte, la defensa reclamó la absolución, ya que considera no hay pruebas suficientes para sostener la acusación.