El gobernador de Chubut se refirió a la prisión preventiva de la madre y el padrastro del nene de 4 años. Y de los cuestionamientos al sistema de protección de la Niñez.
Ignacio Torres, gobernador de Chubut, hizo este jueves sus declaraciones más contundentes desde que se conoció el caso que conmociona al país: la muerte de Ángel Nicolás López, de 4 años, que es investigada como un homicidio y por el que su madre y su padrastro están detenidos como principales sospechosos.
En una visita a Comodoro Rivadavia, el mandatario provincial respaldó sin reservas la medida dictada por el juez contra los imputados e hizo un pedido concreto: que los responsables reciban una condena efectiva.
Además, Nacho Torres dejó en claro que, una vez resuelta la investigación sobre las causas de la muerte y quiénes fueron los culpables, también deberán investigarse las responsabilidades institucionales que pudieron haber fallado antes de la muerte del menor.
Torres evitó detenerse en los distintos argumentos de fiscales y defensores en el caso. "A mí los cruces entre abogados no me parecen el tema central. Lo que tiene que suceder es que los asesinos tienen que estar presos, se tienen que pudrir en la cárcel", afirmó sin rodeos ante los medios presentes en la ciudad petrolera de Chubut.
El gobernador sí opinó sobre la primera determinación del juez de dictar la preventiva para los dos principales sospechosos, a quien la justicia de menores les había dado la tenencia del niño en noviembre de 2025, quitándosela al padre biológico que lo había criado con su pareja desde que tenía un año.
"Creo que es un acierto”, dijo en referencia a la medida. Y reiteró su voluntad de que “quien cometió semejante barbaridad pague como tiene que pagar",.
Al tanto de los cuestionamientos que existen sobre el sistema de protección de niños y de su intervención en este caso, Torres quiso definir un orden de prioridades.
Sostuvo que el foco inmediato debe estar puestoen el avance de la causa penal contra Mariela Altamirano y Michel González —madre y padrastro de Ángel, respectivamente— antes de abrir otro frente sobre las fallas institucionales.
"Es un tema para tomar con seriedad, con responsabilidad. Por eso queremos esperar a que la condena sea efectiva antes de avanzar en alguna medida hacia otros responsables", explicó.
Sin embargo, fue categórico en que ese segundo frente en el abordaje del caso también debe atenderse.
"Si el procedimiento se hizo mal, tiene que haber consecuencias. No puede quedar en la nada bajo ningún punto de vista", advirtió el gobernador.
También confirmó que ya existe una investigación paralela en marcha. "Lo primero, obviamente, lo más urgente, es que el asesino esté preso. Esa es la prioridad absoluta", insistió.
Uno de los ejes más duros de sus declaraciones apuntó a un patrón que, según su visión, se repite en el sistema judicial y que en este caso habría tenido consecuencias fatales.
"A mí me da mucha bronca cuando se toman medidas garantistas o demagógicas, en muchos casos muy ideologizadas, y terminan pasando estas cosas. Después ya es tarde", afirmó Torres.
Y amplió: "Eso no puede pasar en ningún ámbito de la Justicia, ni penal, ni laboral, ni de familia".
En ese contexto tomó especial relevancia la actuación del juez de Familia Pablo Pérez, quien había ordenado la revinculación de Ángel con su madre biológica.
El 9 de febrero de 2026, en una audiencia de escucha ante el magistrado y la asesora Verónica Roldán, el niño —de apenas cuatro años— se expresó con mucha dificultad -según consta en el acta- y manifestó que quería seguir viviendo con su madre.
Una de las dudas que surgen ahora es si, en virtud de sus complicaciones para hablar, se podía entender que con el término "madre" se refería a su mamá de crianza -pareja del papá- o a su madre biológica, a quien según su padre apenas conocía.
La decisión judicial que siguió a esa instancia fue la confirmación de lo que se había decidido preliminarmente en noviembre.
Luego del fallecimiento de Ángel, el equipo técnico que intervino y la defensoría de la niñez -que apenas conocido el caso emitió un escueto comunicado pidiendo prudencia- quedaron bajo la lupa y ahora apuntados en la investigación paralela mencionada por el propio gobernador.
Torres fue directo sobre lo que espera si se comprueban negligencias: "Si alguien hizo las cosas mal, además de la condena social, tiene que haber una condena ejemplificadora en la Justicia para que estas cosas no vuelvan a pasar", afirmó.