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Se trata de Carlos Flores Pericich, de la Defensoría General de Trelew. Desde 2023, cuando lo sancionaron por el hecho de acoso, trabaja en una sede separada de los demás.
En una sesión realizada en Comodoro Rivadavia, el Consejo de la Magistratura de Chubut resolvió enviar a juicio político al defensor público de Trelew, Carlos Flores Pericich, tras considerar que su desempeño durante el período 2020-2023 fue "insatisfactorio".
La decisión se basó en el informe elaborado por la comisión evaluadora, que detectó serias deficiencias en el cumplimiento de sus funciones, a las que se suma un hecho aún más grave. En 2023, a Pericich se le abrió un sumario por acoso laboral tras la denuncia de una empleada de la Defensoría.
En esa ocasión lo suspendieron por cinco días sin goce de haberes y lo separaron de su lugar de trabajo trasladándolo a otra oficina.
Ahora el defensor deberá enfrentar un jury de enjuiciamiento que podría derivar en su destitución. Desde el Consejo de la Magistratura señalaron que se trata de una medida excepcional, pero necesaria, ante la gravedad de los hechos relevados.
El defensor jefe de Trelew, Rafael Frontini, a cargo de la realización del informe, remarcó la reacción de Pericich a aquel sumario por acoso, recordando que adujo “una conspiración de toda la oficina en su contra”.
Así, Frontini dudó acerca de si el funcionario “tiene la capacidad de gestionar las situaciones de conflictos que pudieran generarse para interactuar con sus pares y subordinados en sus labores cotidianas trabajando en equipo”.
En efecto, luego del hecho ocurrido en 2023, Pericich dijo sentirse “desmotivado con su trabajo, y decepcionado y defraudado con la Defensoría General en cuanto a la pasividad y falta de empatía respecto de su situación”.
Asimismo, se consideró “aislado” en la oficina a la que lo derivaron y donde continúa y se quejó de que “no recibe la ayuda necesaria del personal administrativo de la Oficina de la Defensa Penal”.
“No se observaron indicios de autocrítica o reconocimiento de los hechos ocurridos que conllevaron a una sanción”, insistió el informe.
Mientras avanza el proceso de enjuiciamiento, se descartó que el defensor vaya a volver a la sede donde trabajaba, puesto que al momento del sumario ya tenía dificultades de relación con la mayoría de sus pares y con algunos funcionarios y empleados de menor jerarquía.
“Su forma de vincularse era complaciente con superiores jerárquicos, pero no mantenía la misma actitud con colegas y subordinados”, sostiene el informe.
Por otro lado, se planteó que actualmente, más allá del cargo que conserva, “no es fuente de consulta ni posee un conocimiento profundo de los procesos y necesidades del equipo. Tampoco es un referente para empleados y funcionarios. Esto genera un impacto negativo en el servicio”.
La Comisión Evaluadora estableció que al acosar a una empleada de su equipo con comentarios desubicados e indebidos, maltrato y gritos, cometió violencia de género, violando la Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.
Por esa y otras razones se estableció que su desempeño “fue deficitario, ya que no demostró capacidad para reflexionar sobre su participación en un episodio crítico que lo tuvo como protagonista, y no asumió responsabilidad”.
“Carece de las competencias necesarias para ejercer su rol de manera efectiva, particularmente en cuanto a liderazgo, trabajo en equipo y conducción de equipos, lo que no se ajusta a las expectativas y políticas institucionales de la Defensoría General”, termina estableciendo el informe de la Magistratura de Chubut.