Hizo lugar a una cautelar presentada por excombatientes y abogados ambientalistas. Qué les exige a los responsables de la iniciativa en aguas del archipiélago.
La Justicia Federal de Río Grande, en Tierra del Fuego, ordenó suspender el inicio y la continuidad de las obras del proyecto petrolero Sea Lion, ubicado en aguas próximas a las Islas Malvinas y habilitado por el Reino Unido.
La decisión estuvo a cargo de la jueza Mariel Borruto, que hizo lugar a una medida cautelar presentada contra la empresa israelí Navitas Petroleum Development and Production Limited y la angloaustraliana Rockhopper Exploration, responsables del proyecto offshore.
La magistrada aclaró que la resolución "reviste naturaleza cautelar y, por consiguiente, no importa pronunciamiento definitivo sobre la responsabilidad de las demandadas ni sobre la totalidad de las cuestiones que integran el objeto de la acción principal".
La medida busca frenar perforaciones, instalaciones submarinas y el inicio de la explotación hidrocarburífera en el yacimiento submarino.
La causa judicial había sido iniciada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata y la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, que denunciaron riesgo de daño ambiental sobre el Mar Argentino y cuestionaron la validez de las licencias otorgadas por las autoridades británicas en el archipiélago.
La jueza Borruto ya se había declarado competente para intervenir en una etapa previa del expediente.
Ahora, su fallo se da luego de que el gobierno argentino, a través del propio presidente Javier Milei, hiciera una serie de pronunciamientos y anuncios orientados a obstaculizar un proyecto que, según la posición argentina, viola la soberanía.
Según el fallo al que accedió TN, en la cautelar los demandantes solicitaron una serie de pedidos ahora convalidados:
La jueza también recogió el pedido de prohibir a las compañías "celebrar nuevos contratos de financiación, recibir desembolsos, efectuar pagos y transferencias, realizar aportes de capital, préstamos entre sociedades vinculadas, constituir garantías, afectar activos y realizar otros actos financieros destinados al proyecto".
Además de hacer lugar a los requerimientos, la jueza intimó a Rockhopper y Navitas a presentar, en un plazo de diez días desde la notificación, una declaración jurada con documentación sobre el estado actual del proyecto.
Les exige presentar un minucioso detalle sobre el avance del proyecto:
Pero además, la medida apunta también a cuestiones más profundas de la iniciativa offshore.
De este modo, las dos compañías deberán precisar la estructura societaria utilizada para el emprendimiento, las entidades financieras y fondos que lo sostienen, los desembolsos hechos, comprometidos o pendientes, las aseguradoras y reaseguradoras vinculadas.
El emplazamiento incluye también un tema sensible: pide los estudios ambientales, análisis de riesgo, modelizaciones de derrames y planes de contingencia existentes.
La orden exige, finalmente, el detalle de las obras e instalaciones terrestres y portuarias ejecutadas o proyectadas, y de cualquier ampliación o incorporación de pozos vinculada al emprendimiento.
La jueza solicitó a la Cancillería argentina que informe, también en un plazo de diez días, si las empresas involucradas cuentan o contaron con habilitación, permiso, autorización o consentimiento de una autoridad competente de la República Argentina para desarrollar actividades de exploración, explotación o cualquier otra actividad hidrocarburífera en las Islas Malvinas y en los espacios marítimos que integran la Plataforma Continental Argentina.
En paralelo, le pidió a la Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental, dependiente de la Subsecretaría de Ambiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, que detalle si existe en sus registros algún aviso del proyecto presentado o algún procedimiento de evaluación de impacto ambiental iniciado respecto de Sea Lion y de sus eventuales ampliaciones.
El organismo también deberá remitir si se dictó una declaración de impacto ambiental, un certificado de aptitud ambiental o un acto administrativo equivalente y, en caso negativo, comunicar al Juzgado si ese procedimiento se inicia en el futuro.
El proyecto Sea Lion se ubica en la Cuenca Malvinas Norte, a unos 220 kilómetros al norte de la isla Soledad, y es operado por Navitas con el 65% de participación, junto con Rockhopper Exploration, dueña del 35% restante.
Ambas adoptaron la Decisión Final de Inversión en diciembre de 2025 y, según datos difundidos por la compañía israelí, el yacimiento cuenta con 314 millones de barriles de reservas probadas y probables.
El cronograma oficial preveía el primer petróleo para marzo de 2028, pero en los últimos tiempos se difundió incluso que el inicio de la explotación podría arrancar el año anterior.
Esa información, más pronunciamientos de Donald Trump sobre un posible retiro del apoyo de Estados Unidos a la posición británica sobre las Malvinas, abrió una serie de definiciones del Gobierno nacional que incrementaron la tensión con las compañías vinculadas al proyecto.
A comienzos de septiembre, el presidente Javier Milei anunció en cadena nacional un endurecimiento de sanciones contra las empresas que operen en Malvinas sin autorización argentina, lo que provocó caídas en las acciones de Rockhopper y Navitas en las bolsas de Londres y Tel Aviv.
Rockhopper y Navitas, por su parte, sostuvieron públicamente que sus licencias son válidas y que no esperaban impacto en el cronograma del proyecto.
Por otra parte, desde Casa Rosada se dio a conocer el proyecto de instalar una base naval en Tierra del Fuego, aunque en las últimas horas algunas versiones periodísticas adelantaban que en el proyecto de presupuesto nacional 2027 no habría partidas asignadas a ese fin.