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El Tribunal Constitucional (TC) de Perú devolvió la vigencia del indulto de 2017 a favor Alberto Fujimori, condenado a 25 años de cárcel por dos masacres bajo su gestión, y de este modo el ex presidente debería quedar libre, lo que generó manifestaciones de rechazo y quejas desde el gobierno.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a través de su cuenta de Twitter, expresó su “profunda preocupación por esta decisión que afecta el derecho a la justicia de las víctimas y obstaculiza el cumplimiento de obligaciones internacionales de la CIDH en los casos Barrios Altos y La Cantuta”.
Fujimori fue condenado como autor mediato de las mencionadas masacres cometidas en 1991 y 1992 por militares, así como por los secuestros de un empresario y un periodista tras el golpe de Estado que dio en 1992.
En 2017 fue indultado por el entonces presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), pero la Corte Suprema dejó sin efecto la decisión en 2018 al considerar que no cumplía con las exigencias legales.
Al conocer el fallo del Tribunal Constitucional, el presidente Pedro Castillo anticipó que recurrirá a la Corte IDH para anular la sentencia y, en ese sentido, el canciller César Landa aseguró que la decisión del tribunal no es válida, pues va en contra de las decisiones de la Corte IDH, por lo que correspondería a dicha instancia internacional revertir el fallo en cuestión. Además, Landa recordó que la Corte IDH ya se pronunció en 2018 sobre el tema y pidió sancionar a los responsables de los casos de Barrios Altos y La Cantuta.