A diez años de la tragedia en el camping Lolen, hay fechas para el nuevo juicio por la muerte de los dos niños

El Tribunal Federal N°1 de Neuquén definió las fechas para el nuevo juicio vinculado a la muerte de dos niños en el camping Lolen, un hecho que generó fuerte impacto en la comunidad de San Martín de los Andes. Este trágico episodio abrió un debate que aún hoy permanece latente sobre las responsabilidades en espacios recreativos bajo administración pública y comunitaria.

A una década de la tragedia, el proceso judicial buscará establecer las responsabilidades penales de los imputados en el episodio que terminó con la vida de Martina Sepúlveda, de dos años, y Matías Mercanti, de siete. Las audiencias fueron fijadas para los días lunes 20 y 27 de abril de 2026, a partir de las 9:30, y se desarrollarán de manera virtual a través de la plataforma Zoom.

En el banquillo de los acusados estarán cuatro guardaparques y dos integrantes de la comunidad mapuche Curruhuinca, quienes serán juzgados en el marco de la investigación por el trágico episodio ocurrido en el predio recreativo.

Según se informó, la realización de este nuevo debate fue dispuesta luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazara los recursos de queja presentados por las defensas. Con esa decisión, el máximo tribunal del país ordenó la realización de un nuevo juicio para los guardaparques y miembros de la comunidad imputados, lo que dejó firme la necesidad de revisar el caso en un nuevo proceso oral.

Tragedia camping lolen

El hecho que conmocionó a la región

La tragedia ocurrió alrededor de las 18 del 1 de enero de 2016, cuando un roble pellín de aproximadamente 20 metros de altura se desplomó dentro del camping Lolen, ubicado a unos cuatro kilómetros del centro de San Martín de los Andes. En ese momento, el predio estaba colmado de visitantes que disfrutaban del feriado de Año Nuevo, cuando el árbol cayó de manera repentina y aplastó a los dos niños, provocándoles la muerte.

El hecho generó una profunda conmoción en la localidad cordillerana y en toda la provincia de Neuquén, donde se multiplicaron los reclamos por controles más estrictos en áreas recreativas, especialmente en relación con la seguridad de árboles de gran porte y otras estructuras naturales que podrían representar riesgos para los visitantes.

En este nuevo juicio estarán imputados cuatro guardaparques y dos integrantes de la comunidad mapuche Curruhuinca, quienes tenían responsabilidades en la administración, control y mantenimiento del predio. El proceso judicial se centrará en determinar si existieron omisiones, negligencias o fallas en los protocolos de seguridad que pudieran haber contribuido al desenlace fatal.

El debate buscará establecer si las personas imputadas tenían conocimiento del estado del árbol que cayó o si existían informes técnicos o advertencias previas sobre su peligrosidad. También se analizará la actuación de los responsables del predio respecto de las tareas de prevención y señalización de riesgos.

La Justicia realizó peritajes en los campings Lolen y Catritre.

A una década del suceso, el caso que llegó a la Corte Suprema

El expediente atravesó un extenso recorrido judicial desde el hecho ocurrido en 2016. En instancias anteriores, las defensas presentaron distintos recursos que derivaron en la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Finalmente, el máximo tribunal rechazó los recursos de queja y dispuso la realización de un nuevo juicio, al considerar que correspondía revisar las responsabilidades penales en un nuevo debate oral.

La decisión de la Corte fue clave para reactivar el proceso, que ahora se retomará con audiencias virtuales, una modalidad que se consolidó en los últimos años dentro del sistema judicial argentino.

El nuevo proceso se desarrollará cuando se cumplan diez años de la tragedia que marcó a San Martín de los Andes. Para las familias de las víctimas, el juicio representa una instancia clave para esclarecer lo ocurrido y establecer eventuales responsabilidades, mientras que para las autoridades y comunidades involucradas el caso volvió a poner en discusión los criterios de gestión y seguridad en áreas naturales y espacios recreativos.