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Tras el operativo desarrollado en el cierre de la semana pasada, los integrantes de la organización criminal neuquina enfrentaron la formulación de cargos.
El clan narco que fue desbaratado el viernes pasado fue acusado y cuatro hombres permanecerán entre las rejas mientras avanza la investigación. La organización criminal había desplegado puntos de venta de drogas en distintos barrios de esta capital y no escatimaban recursos a la hora de atender a su clientela, con un delivery exclusivo que se hacía en vehículos como un Volkswagen Vento y una Yamaha de 250 centímetros cúbicos.
La fiscal del caso Eugenia Titanti y el asistente letrado Bruno Miciullo, acusaron este fin de semana a cinco hombres y a tres mujeres por pertenecer a una banda que tenía y comercializaba estupefacientes en distintos barrios de la ciudad de Neuquén y uno de Senillosa
Durante la audiencia, los funcionarios de la fiscalía solicitaron que se impongan distintas medidas de coerción: cuatro meses de prisión preventiva para cuatro hombres; y, cuatro meses de prisión domiciliaria para tres mujeres y un hombre.
Titanti y Miciullo argumentaron que es necesario resguardar el peligro de fuga por no sometimiento al proceso y valoraron la gravedad del hecho, la solidez de la imputación y la pena en expectativa para los delitos atribuidos.
De acuerdo a la investigación realizada por el Ministerio Público Fiscal (MPF) y la Policía de Neuquén, entre abril y el 8 de agosto de 2025, los imputados formaron parte de una organización con funciones definidas que se dedicó a la venta de drogas al menudeo en la capital neuquina.
La coordinación estaba a cargo de un hombre identificado como B.A.P., quien impartía directivas, supervisaba a los vendedores y recibía las ganancias de la operación. Para manejar el dinero, utilizaba sus propias cuentas de billeteras virtuales y las de su pareja, J.R.G., por donde se realizaban transferencias con los distintos puntos de venta.
Uno de esos puestos funcionaba en el barrio Auca Mahuida, en la vivienda de A.D.T. y su madre R.B.P., ambos familiares de B.A.P., quienes atendían a los compradores. Allí, además, se fraccionaba la droga para la venta y tenían armas de fuego y cartuchería de grueso calibre.
Otro de los puntos de venta, ubicado en Barrio Toma Norte, estaba a cargo de F.A.R., también familiar de B.A.P., donde además de vender estupefacientes, se halló droga compactada y un arma de fuego de guerra con municiones aptas para el disparo.
El tercer lugar de expendio operaba en el barrio Gran Neuquén y era dirigido por M.A.M., a quien durante la investigación se lo observó realizando al menos 28 ventas en la modalidad “pasamanos”. Las operaciones se realizaban tanto desde su domicilio como desde una motocicleta Yamaha 250 y un Volkswagen Vento. En su poder, también se encontró droga lista para su distribución y un arma calibre 22. Para manejar el dinero, el imputado utilizaba sus propias cuentas de billeteras virtuales y las de su pareja, Y.S.A.
Un cuarto punto lo administraba M.J.V., quien vendía drogas en su domicilio y en un taller mecánico contiguo a su casa, ubicados en el barrio Villa María. De acuerdo a la investigación entre el 5 y el 17 de julio de 2025, concretó al menos 14 maniobras compatibles con la venta directa a consumidores.
El caso también tiene como involucrado a A.A.P., otro familiar de B.A.P., que aún no fue hallado y no pudo ser acusado, y cumplía la función de resguardar el dinero en efectivo y las armas de la organización en su domicilio de la localidad de Senillosa.
En el marco de la investigación del caso y, por pedido del MPF, efectivos de la División Antinarcóticos de la Policía provincial realizaron el viernes allanamientos simultáneos en todos los lugares mencionados anteriormente, y secuestraron 6,3 kilos de clorhidrato de cocaína, 2,2 kilos de marihuana, 1,5 millones de pesos en efectivo, dólares y pesos chilenos, una máquina contadora de billetes, posnets, 10 armas de fuego, balanzas de precisión en funcionamiento, 5 vehículos, 4 motos, 2 inhibidores de alarmas, celulares y equipos de comunicación.
Los delitos que Titanti y Miciullo le atribuyeron a B.A.P., R.B.P., A.D.T., F.A.R., M.A.M. y M.J.V. fueron comercialización de estupefacientes agravada en carácter de coautores mientras que J.R.G. y Y.S.A. quedaron imputadas por el mismo delito pero como partícipes secundarias. Además, B.A.P., F.A.R., A.D.T. y R.B.P. fueron acusados por tenencia ilegítima de arma de fuego de guerra y M.A.M., por su parte, por tenencia ilegítima de arma de fuego de uso civil. Según detalló la fiscal del caso, todos los delitos concursan realmente entre sí.
El juez de garantías Marco Lupica Cristo, quien estuvo a cargo de la audiencia de este fin de semana, avaló las formulaciones de cargos de acuerdo a como fueron solicitadas por los representantes de la fiscalía.
En relación a las medidas cautelares, el magistrado resolvió fijar prisión preventiva por cuatro meses para B.A.P., A.D.T. y M.A.M., prisión domiciliaria por cuatro meses para M.J.V., R.B.P., J.R.G., y Y.S.A. y prisión por diez días para que se pueda evaluar un domicilio y cambiar la modalidad de cumplimiento para F.A.R.
Los resultados de los allanamientos realizados el viernes, fueron anunciados por el fiscal general José Gerez junto al ministro de Seguridad, Matías Nicolini, el jefe de Gabinete, Jose Luis Ousset, y el jefe de la Policía, Tomás Díaz Pérez. “Este es el golpe más importante al microtráfico de drogas desde que la provincia se hizo cargo de investigar este delito por decisión del gobernador Rolando Figueroa”, señaló el fiscal general.