Se trata del hijo de Marisa Torres San Juan, exconcejala de Plottier vinculada a Gloria Ruiz. El hombre coordinaba la entrega de carne, quesos y bebidas con una camioneta que aguardaba en el sector de carga y descarga.
Un exgerente de la sucursal del supermercado La Anónima de Plottier fue acusado por el millonario robo de mercadería que concretaba tras apagar las cámaras de seguridad del sector de carga y descarga.
Se trata de Cristian Javier Poblete Torres, hijo de Marisa Torres San Juan, una exconcejala de Plottier quien fue primera candidata a senadora en las elecciones legislativas del año pasado, por el partido Desarrollo Ciudadano, de Gloria Ruiz.
Durante una audiencia realizada este martes, la asistente letrada Nadia Pérez sostuvo que el imputado se desempeñaba como encargado del depósito de la sucursal 182, ubicada en calles San Martín y Paraguay de Plottier, y que aprovechó esa función para concretar las maniobras investigadas.
Según describió, el primero de los hechos ocurrió el 27 de julio de 2025, cuando el imputado apagó las cámaras de seguridad del sector de carga y descarga y coordinó telefónicamente la entrega de mercadería a otra persona, quien se presentó en el lugar a bordo de una camioneta para retirarla. Pérez estimó que esa maniobra provocó un perjuicio económico cercano a los $700.000.
El segundo hecho fue atribuido para el 10 de agosto de 2025, bajo la misma modalidad. La asistente letrada relató que personal policial interceptó esa vez la camioneta antes de que abandonara el lugar con distintos productos cargados, entre ellos cortes de carne, quesos, bebidas y mercadería alimenticia. El perjuicio económico estimado supera los $2.500.000.
La teoría del caso de la fiscalía indica que el imputado utilizaba sus facultades laborales para apagar las cámaras de vigilancia y facilitar el retiro de mercadería por fuera de los canales comerciales de la empresa. Además, señaló que la investigación permitió detectar comunicaciones telefónicas entre ambos involucrados en las que coordinaban las entregas y los precios de los productos.
Como evidencia, Pérez presentó las denuncias de los responsables del supermercado, registros de cámaras de seguridad, informes policiales, análisis de teléfonos celulares y documentación vinculada al secuestro de la mercadería.
Los hechos fueron calificados provisoriamente como defraudación por administración fraudulenta, en calidad de autor, en concurso real, con un hecho consumado y otro en grado de tentativa.
La jueza de garantías Natalia Pelosso tuvo por formulados los cargos y fijó un plazo de investigación de cuatro meses.