Dos muertes en la U11, una gran fuga en una alcaldía, reclamos de docentes en situaciones de encierro a los que les quitaron las aulas para convertirlas en celdas y dos juezas de Ejecución que advierten que en cualquier momento cierran las cárceles de la provincia por hacinamiento. Todo esto, sin contar las calientes reuniones en las que Policía y Justicia le han reclamado al Gobierno obras de mantenimiento e infraestructura.
La grave crisis penitenciaria que atraviesa la provincia es innegable, a tal punto que ya comenzó el operativo retorno a Senillosa, cárcel que tanto desde Policía y Justicia coinciden en afirmar que se entregó a la ligera, sin un plan serio para evitar el previsible colapso de todo el sistema.
La cárcel de Senillosa fue y sigue siendo un negocio muy poco claro. Su construcción rondó los 100 millones de pesos entre idas y vueltas. Su puesta en funcionamiento estuvo llena de desatino y jueces horrorizados porque no estaban amuradas las mesas del comedor, no había un grupo energético de apoyo y todos los cierres del penal eran eléctricos, por lo que un corte de luz habría derivado en un gran motín. Sin contar que no tenían agua potable ni tratamiento de líquidos cloacales. Errores básicos para tamaña inversión.
Después de una década, finalmente lograron habilitar, en junio de 2014, un sector con 25 detenidos y hasta se logró alquilar otro sector al Sistema Penitenciario Federal, que trajo agresores sexuales de distintos puntos del país para un programa de rehabilitación que todavía no logra resultados.
Cuatro años después del primer desembarco de presos en Senillosa, el 11 de abril de 2018, el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Garvano, le entregó una simbólica llave de la Prisión Regional del Sur Unidad 9 al gobernador Omar Gutiérrez. Pero el canje formal se había firmado el 1 de marzo de 2017.
La U9 funcionaba desde principios del siglo pasado y fue uno de los primeros edificios en instalarse en paralelo al traslado de la capital de Chos Malal a la Confluencia. Con los años, el predio penitenciario federal quedó en el corazón del centro neuquino. Hoy, esos terrenos tienen un valor inmobiliario incalculable.
Se habló mucho del destino de esas tierras y hasta parte de la ex U9 quedó como museo para que los neuquinos y los turistas realizaran visitas. Lo que nunca se trató de verdad fue la situación en la que quedó el sistema penitenciario neuquino, porque Senillosa era más que una bocanada de aire.
La cárcel de Senillosa eran 600 plazas, doblaba el número de presos que tenía la provincia en ese entonces. Había espacio para una década tranquilamente, y eso que ya estaba en marcha el Código Procesal Penal. Las alcaidías de las comisarías estaban solo para contraventores y algún que otro borracho que se encontraba de madrugada.
Pero sin inversión en las unidades penales de la provincia y con un sistema acusatorio que agilizó los plazos judiciales y las condenas, los presos se fueron amontonando y nadie escuchó las voces que advertían sobre la saturación del sistema, que ya había vuelto a copar las alcaidías.
Los últimos episodios violentos que se han vivido en los penales solo sirvieron para generar el enfado de la Justicia y la Policía, que son los primeros en recibir los reclamos y pases de factura cuando la responsabilidad es del Ejecutivo provincial que no desembolsa los fondos para las ampliaciones prometidas.
Lo cierto es que la realidad obligó a que se iniciaran tratativas con Nación para volver a Senillosa.
El martes pasado, una comitiva integrada por la secretaria de Seguridad Marianina Domínguez, el jefe de Policía Julio Peralta, la jueza de ejecución penal Raquel Gass, la titular del Ministerio Público de la Defensa Vanina Merlo y el vocal del Tribunal Superior de Justicia Germán Busamia, recorrió las instalaciones que pretenden alquilar en Senillosa.
Una fuente consultada por LMN confió: “Se puede lograr obtener un sector de Senillosa que no está en uso. Hay cuestiones que tiene que solucionar el Ejecutivo provincial, que todavía mantiene deudas con Nación por el canje de los terrenos de la U9 y Senillosa”.
No obstante, la parte que observaron es lo que en la construcción original del penal iba a ser el área de jóvenes adultos.
“Hay que realizar algunas obras que se tienen que negociar con Nación, pero teniendo en cuenta los tiempos de la administración pública, podrían llegar a solucionarlo en 60 días y si es así, en marzo a más tardar, se podría estar utilizando”, explicó otra fuente interesada.
El espacio físico que se aspira conseguir está compuesto de tres módulos con sus respectivos comedores. Dos son de celdas individuales y el restante comunitario, es decir que entran entre tres y cinco presos por celda.
Los módulos están todos conectados por un playón deportivo y habría espacio para talleres y educación. En total, son 85 plazas nuevas que ayudarían a descomprimir el resto de los penales de la provincia mientras se avanza con la construcción de pabellones en la U11, Cutral Co y Zapala.
La distribución en Senillosa sería de 25 y 25 en las celdas individuales y 35 en las comunitarias. Lo que tendrá que analizar puntualmente la Policía, a cargo de las cárceles, en conjunto con las juezas de ejecución penal, es qué tipo de internos mandan a Senillosa.
Se baraja la idea de enviar al pabellón comunitario a condenados por delitos sexuales que son internos de bajo perfil y escasa conflictividad.
La duda es si completan las 85 plazas con agresores sexuales, ya que solo en la U11 rondan los 50, sin contar el resto que está en las prisiones del interior provincial.
Que haya solo condenados por delitos sexuales podría generar cierta tranquilidad operativa.
Tener presos de máxima seguridad representaría una mayor complicación y demandaría personal, porque es necesario tener un grupo de requisa numeroso en el caso de disturbios o motín.
Lo cierto es que el operativo retorno está en marcha y, a menos de cinco años de la entrega de Senillosa, hoy es la única salida posible