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Gabriela Barahona fue asesinada en la madrugada de este último domingo intentando defender a su hijo. Ocurrió en la rotonda ubicada al final de la calle Obrero Argentino, en el mirador del río Limay. Tenía 44 años. El presunto asesino permanece internado, con una herida de arma blanca. Su cómplice, imputado por lesiones leves, tenía una tobillera electrónica por un caso de violencia de género, pero se la sacó momentos antes del homicidio.
De acuerdo a la teoría preliminar del caso presentado por la fiscalía, el hecho ocurrió a las 3:30 del domingo, cuando la víctima se encontraba reunida junto a un grupo de seis personas de su círculo familiar en un sector de la costa del río Limay y calle Obrero Argentino.
Por razones que aún no pudieron establecerse, dos hombres abordaron a la familia, ambos portando armas blancas. Uno de ellos, identificado como Héctor Colipi, fue quien habría iniciado la pelea arrojando gas pimienta, primero, e hiriendo a uno de los hijos de la víctima después. La mujer intervino para defender a su hijo y logró que se le cayera el cuchillo al atacante. Pero en ese momento entró en acción Marcos Ramírez, quien levantó el arma blanca le asestó cuatro puñaladas. Gabriela murió murió por shock hipovolémico luego de que una de las puñaladas le cortara la arteria femoral.
En una audiencia realizada este último lunes, el fiscal del caso Andrés Azar formuló cargos hoy contra Colipi por atacar con un cuchillo y con gas pimienta a otro hombre y provocarle lesiones en una mano. El fiscal encuadró el hecho como constitutivo del delito de lesiones leves en calidad de autor.
Mientras que en el caso de Ramírez, el presunto autor de las puñaladas mortales, se espera que reciba el alta médica para que le puedan formular cargos. En el marco de la pelea, sufrió una herida cortante en la espalda y permanece internado en el hospital Castro Rendón. Está fuera de peligro.
La jueza de Garantías Carina Álvarez tuvo por formulados los cargos e impuso la medida cautelar solicitada para Colipi, quien durante el plazo de 4 meses de la investigación deberá presentarse cada 15 días en la fiscalía, además de respetar una prohibición absoluta de contacto y acercamiento a las víctimas y testigos. Quedó en libertad.